Corte Suprema valida límites a la potestad disciplinaria de asociaciones deportivas frente a sanciones estatutariamente defectuosas

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió el recurso de protección deducido por un grupo de socios en contra del Club Deportivo, Social y Cultural Esmeralda por la aplicación de sanciones disciplinarias adoptadas en el marco de una asamblea general extraordinaria convocada y desarrollada con infracción a las normas estatutarias que regulan su funcionamiento interno.

Los recurrentes sostuvieron que las sanciones disciplinarias impuestas en su contra se adoptaron en el marco de una asamblea general extraordinaria convocada de manera irregular, sin respetar las exigencias formales establecidas en los estatutos del club. En particular, alegaron que la citación se efectuó principalmente a través de redes sociales y otros medios informales, lo que excluyó de facto a un número relevante de socios —especialmente adultos mayores que no utilizan dichas plataformas—, omitiéndose el envío de cartas certificadas al domicilio registrado, la anticipación mínima exigida y la debida indicación de los objetivos de la convocatoria. A su juicio, estas omisiones impidieron una participación informada y efectiva de los asociados, vulnerando las reglas básicas de funcionamiento democrático y el principio de igualdad al interior de la organización.

Asimismo, denunciaron que el procedimiento disciplinario careció de las garantías mínimas de debido proceso, toda vez que no fueron debidamente informados de los cargos que se les imputaban ni se les otorgó la oportunidad real de formular descargos o ejercer su derecho a defensa antes de la imposición de las sanciones. Añadieron que las decisiones se adoptaron sin acreditarse el cumplimiento de los quórums estatutarios exigidos para sesionar y resolver válidamente, y por una comisión disciplinaria cuya conformación y actuación también habría infringido las normas internas. En ese contexto, sostuvieron que las sanciones impuestas resultaban ilegales y arbitrarias, afectando no solo su derecho a la igualdad, sino también su calidad de socios como un bien incorporal protegido constitucionalmente.

Por su parte, el recurrido solicitó el rechazo de la acción, sosteniendo que las sanciones impugnadas fueron adoptadas conforme a los estatutos del club y como resultado de un proceso interno democrático. Señaló que las medidas disciplinarias fueron conocidas y votadas en una asamblea general extraordinaria en la que participaron los socios asistentes, mediante votación a mano alzada, descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad. Añadió que los afectados fueron posteriormente notificados de las sanciones y que, tratándose de una organización privada, no resultaban exigibles las mismas formalidades propias de los procedimientos administrativos estatales, alegando además que el recurso de protección no constituía la vía idónea para resolver controversias internas que, a su juicio, debían dilucidarse a través de los mecanismos estatutarios del propio club.

La Corte de Punta Arenas, tras revisar los antecedentes de hecho y de derecho, constató que la asamblea general extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2025 fue convocada sin dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias que regulan dicha citación. En particular, advirtió que la convocatoria se efectuó mediante redes sociales y otros medios informales, omitiéndose el envío de avisos por carta certificada al domicilio registrado de cada socio, la anticipación mínima exigida y las demás formalidades previstas en el artículo 20 de los estatutos, lo que impidió que todos los asociados tomaran conocimiento oportuno de la realización de la asamblea.

Asimismo, el tribunal razonó que las sanciones disciplinarias acordadas en esa instancia resultaban ilegales, por cuanto fueron adoptadas en contravención a las propias normas internas de la organización, y arbitrarias, al no haberse garantizado a los socios afectados la posibilidad de expresar lo conveniente a sus derechos. Destacó que los recurrentes no fueron debidamente informados de los cargos formulados en su contra ni contaron con un procedimiento previo que les permitiera ejercer su derecho a defensa, configurándose así un actuar carente de racionalidad y de respeto por las garantías mínimas que deben observarse incluso en el ámbito asociativo privado.

Finalmente, la Corte sostuvo que la forma en que se aplicaron las medidas disciplinarias vulneró garantías constitucionales específicas, como la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad. En relación con esta última, precisó que la calidad de socio constituye un bien incorporal susceptible de protección constitucional, del cual los afectados fueron privados de manera arbitraria. Tales infracciones —concluyó— derivaron directamente del apartamiento del club respecto de sus estatutos y de los estándares básicos de justicia y legalidad que deben regir el ejercicio de su potestad disciplinaria.

En mérito de lo expuesto, la Corte de Punta Arenas acogió el recurso de protección y dejó sin efecto las sanciones disciplinarias impuestas en contra de los socios recurrentes, así como todas las consecuencias derivadas de ellas, ordenando a la organización recurrida restablecer la situación previa a su aplicación y cesar la privación de la calidad de socio acordada en el marco de la asamblea general extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2025.

Apelado este fallo, la Corte Suprema lo confirmó con la declaración de que se dejaba sin efecto la sanción impuesta a los socios en la Asamblea General Extraordinaria de 25 de junio de 2025, al estimar inválida dicha instancia por no haberse realizado su citación conforme a los estatutos del club, dejando a salvo la posibilidad de que la entidad recurrida vuelva a pronunciarse en un procedimiento llevado a cabo con estricto apego a sus normas internas.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°37597-2025 y Corte de Punta Arenas Rol N°387-2025 (Protección).