Senadora Campillai impulsa reforma para limitar suspensiones en sumarios administrativos y sancionar el incumplimiento de plazos legales

La moción de la senadora Fabiola Campillai busca modificar la Ley Nº 18.831, sobre Estatuto Administrativo, y a la Ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, con el objetivo de evitar que la suspensión preventiva aplicada a un funcionario inculpado en un sumario administrativo se prolongue más allá de 60 días, plazo actualmente previsto para la tramitación del procedimiento.

La senadora fundamenta la iniciativa en la constatación de que, pese a la existencia de un plazo legal para la investigación sumarial, en la práctica las indagaciones pueden extenderse por más de un año, e incluso superar los cuatro, manteniendo a los funcionarios suspendidos de sus funciones, pero recibiendo remuneración completa durante todo ese período.

Esta situación —sostiene— no solo afecta la estabilidad laboral y el derecho a la presunción de inocencia del funcionario investigado, sino que también representa una afectación a la eficiencia en el uso de recursos públicos y al funcionamiento regular de los servicios.

La iniciativa enfatiza que la finalidad del sumario es esclarecer hechos de manera diligente, adoptando una medida cautelar proporcionada y temporal, no una sanción encubierta que se extienda sin justificación.

El proyecto no solo busca limitar la duración de la suspensión, sino también dotar de consecuencias disciplinarias al incumplimiento de los plazos por parte de los fiscales instructores o autoridades, reforzando el deber de celeridad y la correcta conducción del procedimiento administrativo.

La iniciativa subraya que la prolongación injustificada de los sumarios genera un desgaste institucional y una afectación al erario público, pues el funcionario suspendido continúa percibiendo remuneración sin ejercer funciones.

En consecuencia, la reforma pretende equilibrar la necesidad de investigar eventuales infracciones administrativas con la protección de garantías básicas, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la proporcionalidad de las medidas adoptadas.

Además, instaura un control más estricto sobre la actuación de los fiscales y jefaturas, quienes hoy —se indica— cuentan con amplios márgenes de discrecionalidad para extender plazos sin suficientes mecanismos de corrección.

El proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional, pasó a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado para su estudio y posterior informe a la Sala.

Vea texto moción Boletín Nº 17.951-06 y siga su tramitación aquí