Juan Pablo Gómez: «Fortalecer la persecución penal no basta: también debe garantizarse una defensa eficaz”

Por María Pía Cerpa Sanhueza, egresada de Derecho Universidad UNIACC

El crimen organizado se ha convertido en uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema de justicia penal chileno. La sofisticación de las organizaciones criminales, la expansión de delitos complejos y la necesidad de fortalecer la persecución penal han impulsado diversas reformas legislativas destinadas a enfrentar este fenómeno.

Sin embargo, estos cambios también han abierto un debate respecto de la protección de los derechos fundamentales, el respeto al debido proceso y el equilibrio que debe existir entre seguridad pública y garantías constitucionales.

En este contexto, conversamos con Juan Pablo Gómez, defensor penal público con más de veinte años de experiencia, quien analiza la evolución del fenómeno criminal en Chile, los desafíos que enfrenta la defensa en causas cada vez más complejas y las tensiones que surgen entre la eficacia de la persecución penal y la protección de los derechos de las personas sometidas a un proceso penal.

1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la delincuencia tradicional y las organizaciones criminales que hoy enfrenta el sistema penal?

Desde mi experiencia, la principal diferencia radica en el nivel de organización y permanencia en el tiempo. La delincuencia tradicional suele estar asociada a hechos aislados o a grupos con menor estructura, mientras que las organizaciones criminales funcionan con roles definidos, planificación, capacidad económica y una lógica empresarial que les permite sostener sus actividades ilícitas durante largos períodos.

También he advertido diferencias entre las organizaciones criminales nacionales y algunas organizaciones extranjeras que hoy operan en nuestro país. En términos generales, las organizaciones chilenas continúan respondiendo a patrones más cercanos a la delincuencia común. Sus integrantes, por regla general, se dedican principalmente a delinquir, lo que permite tener un historial de ellos e identificar con mayor facilidad sus dinámicas y facilita el desarrollo de las investigaciones.

En cambio, en algunas organizaciones extranjeras la pertenencia a una estructura criminal forma parte de una lógica mucho más naturalizada. Es frecuente observar que una persona participe en actividades propias de una organización criminal y, al mismo tiempo, desarrolle actividades lícitas que le permiten desenvolverse normalmente dentro de la comunidad. Esa dualidad dificulta su identificación, porque no responde al perfil tradicional del delincuente que exclusivamente vive de la actividad delictiva.

Desde mi experiencia, uno de los riesgos que plantea la persecución del crimen organizado es que, en el legítimo esfuerzo por identificar a los integrantes de organizaciones criminales, termine ampliándose el nivel de sospecha hacia personas que no necesariamente presentan antecedentes que justifiquen esa intensidad de control. En la práctica, he observado que, en ocasiones, la condición de persona extranjera pasa a ser un elemento que motiva diligencias intrusivas que difícilmente se adoptarían en circunstancias similares respecto de un ciudadano chileno.

Un ejemplo de ello ocurre con la ampliación de la detención para efectos de identificación. He conocido situaciones en que una persona extranjera, detenida por un hecho de escasa gravedad como una discusión con un vecino, ve prolongada su privación de libertad con el objeto de obtener un registro identificatorio, únicamente porque carece de documentación migratoria regular. A mi juicio, ese tipo de decisiones puede resultar desproporcionado. La finalidad de las normas que permiten ampliar la detención para establecer la identidad de un imputado estuvo concebida para enfrentar situaciones excepcionales, particularmente aquellas vinculadas a la identificación de integrantes de organizaciones criminales o personas cuya individualización resulta indispensable para el éxito de la investigación. Utilizar esa herramienta como un mecanismo indirecto para suplir deficiencias en la identificación o regularización migratoria desnaturaliza su propósito y puede generar restricciones de derechos que exceden lo estrictamente necesario.

2. ¿Considera que el sistema procesal penal chileno se encuentra preparado para enfrentar eficazmente el crimen organizado?

Pienso que el sistema procesal penal chileno dispone hoy de herramientas jurídicas suficientes para investigar y perseguir el crimen organizado. Durante los últimos años se han incorporado técnicas especiales de investigación y reformas relevantes que permiten enfrentar una criminalidad mucho más sofisticada que aquella para la cual fue concebido originalmente nuestro sistema procesal.

Sin embargo, desde mi experiencia, el principal problema ya no es la ausencia de herramientas legales. La mayor dificultad está en la congestión que afecta al sistema de justicia penal.

Hoy conviven investigaciones extremadamente complejas con un enorme volumen de causas de menor entidad los denominados delitos bagatelarios, o los delitos surgidos en el alero de dinámicas intrafamiliares que podrían tener respuesta en otras jurisdicciones, que consume tiempo, recursos y capacidad institucional de fiscales, policías, tribunales y defensores. Esa realidad impide que el sistema concentre adecuadamente sus esfuerzos en la persecución del crimen organizado.

Por eso, creo que la discusión pública debiera centrarse menos en la incorporación permanente de nuevas facultades de persecución y más en cómo hacer que el sistema funcione de manera más eficiente. Mientras la estructura siga sobrecargada, será difícil obtener mejores resultados, aun cuando existan nuevas herramientas legales.

Al mismo tiempo, me preocupa que la búsqueda de mayor eficacia termine afectando las garantías procesales. He visto cómo, frente a investigaciones especialmente complejas, existe cierta tendencia a flexibilizar el alcance de algunas garantías en favor de la persecución. A mi juicio, ese no es el camino. La eficacia debe construirse sobre mejores investigaciones y una mejor gestión institucional, no sobre una reducción del debido proceso.****

3. ¿Qué desafíos específicos presentan estas causas para el trabajo de la defensa penal pública?

Sin duda, estas causas representan uno de los mayores desafíos que hoy enfrenta la defensa penal. Son investigaciones extensas, con abundante evidencia digital, interceptaciones telefónicas, análisis patrimoniales y múltiples imputados. Si hace algunos años el problema era acceder a la carpeta investigativa, hoy ocurre exactamente lo contrario: la cantidad de antecedentes es tan enorme que, muchas veces, termina sepultando a quienes debemos analizarlos. El desafío ya no consiste solo en obtener la información, sino en disponer del tiempo y de los recursos para revisarla de manera crítica, identificar lo verdaderamente relevante y ejercer una defensa técnica de calidad.

4. ¿Cómo han cambiado las estrategias de litigación y defensa frente a investigaciones cada vez más complejas y extensas?

La forma de litigar ha cambiado profundamente. Hoy ya no basta con dominar el derecho penal y procesal penal. Es indispensable comprender evidencia digital, técnicas especiales de investigación, análisis financieros y grandes volúmenes de información.

En mi experiencia, uno de los mayores cambios ha sido aprender a gestionar causas complejas. Antes el problema era obtener antecedentes; hoy muchas veces el desafío consiste en identificar qué información es realmente relevante dentro de miles de páginas de antecedentes y cientos de horas de evidencia audiovisual.

Eso obliga a desarrollar una defensa mucho más estratégica, anticiparse a la investigación y ejercer un control permanente sobre la legalidad de las diligencias investigativas.

También ha cobrado enorme importancia el trabajo interdisciplinario y la especialización. Cada vez resulta más difícil enfrentar estas causas sin apoyo técnico y sin una preparación permanente.****

5. En el marco de la lucha contra el crimen organizado, ¿existe el riesgo de que ciertas garantías procesales se vean debilitadas?

Sí, creo que ese riesgo existe y lo he observado desde la práctica profesional. Muchas veces resulta difícil ejercer aspectos tan básicos del derecho de defensa como mantener una entrevista personal, privada y reservada con el imputado.

Los traslados a recintos penitenciarios alejados, los regímenes especiales de seguridad y el uso cada vez más frecuente de audiencias telemáticas han hecho que, en algunos casos, el contacto entre abogado y defendido sea mucho más limitado de lo que exige una defensa técnica efectiva.

A mi juicio, el derecho de defensa no se satisface únicamente con la presencia de un abogado en la audiencia. Una defensa real exige conversar privadamente con el cliente, conocer directamente su versión de los hechos, recibir instrucciones y construir una estrategia común. Cuando esa comunicación se dificulta, se resiente uno de los pilares esenciales del debido proceso.

Creo que el desafío consiste precisamente en compatibilizar la eficacia de la persecución con el respeto irrestricto de las garantías procesales. No son objetivos incompatibles.

**6.**En los últimos años se han aprobado diversas reformas para fortalecer la persecución del crimen organizado. ¿Cuál es su evaluación respecto de estas modificaciones legislativas?

Las reformas han sido positivas y han incorporado herramientas que antes no existían. Un buen ejemplo es la colaboración eficaz, incorporada al Código Procesal Penal por la Ley N.º 21.694.

Me parece una herramienta valiosa porque permite que un imputado entregue antecedentes relevantes respecto de otros hechos delictivos o de otros integrantes de una organización criminal, facilitando nuevas investigaciones y la desarticulación de estructuras criminales.

Sin embargo, desde mi experiencia, el problema vuelve a ser operativo.

He visto casos en que información extremadamente relevante entregada en el marco de una colaboración eficaz no logra transformarse oportunamente en diligencias concretas debido a la congestión administrativa y a la sobrecarga del sistema. Cuando eso ocurre, se pierde una oportunidad investigativa que probablemente no volverá a repetirse.

Desde la perspectiva de la defensa, además, el imputado que decide colaborar asume riesgos personales muy importantes. Al proporcionar información sobre otros integrantes de una organización criminal se expone a eventuales represalias, precisamente porque espera acceder a los beneficios procesales que la ley contempla para quien presta una colaboración útil y eficaz.

Cuando esa información no es gestionada oportunamente y las diligencias no prosperan por razones ajenas al colaborador, el perjuicio es doble. Pierde la sociedad, porque deja de obtener información valiosa para combatir el crimen organizado, y pierde también el propio imputado, que asumió riesgos relevantes sin que su colaboración produjera los efectos para los cuales fue concebida.

Por eso creo que hoy el desafío no pasa tanto por seguir creando nuevas herramientas legales, sino por lograr que las que ya existen funcionen de manera oportuna y eficiente.

7.****¿Qué aspectos cree que aún deben fortalecerse para enfrentar el crimen organizado sin afectar los derechos fundamentales?

El fortalecimiento debe ser equilibrado. En los últimos años se han fortalecido significativamente las capacidades de persecución penal, lo que era necesario. Sin embargo, ese mismo esfuerzo también debiera alcanzar a la defensa.

Desde mi experiencia, las causas por crimen organizado requieren una enorme dedicación y una alta especialización. Si el sistema no cuenta con suficientes defensores preparados para asumir juicios que pueden extenderse durante semanas o meses, inevitablemente aparecerán problemas de programación, suspensiones y retrasos.

Eso termina afectando a todos. A las víctimas, porque la respuesta del sistema se demora; a los imputados, porque permanecen sometidos durante largos períodos a un proceso penal; y al propio sistema de justicia, porque la congestión termina deslegitimando sus decisiones.

Fortalecer la defensa no significa favorecer a quienes delinquen. Significa asegurar que el sistema acusatorio funcione como fue concebido, permitiendo que todas las partes puedan cumplir adecuadamente su rol y que los juicios se desarrollen dentro de plazos razonables y con pleno respeto al debido proceso.

8. Desde su experiencia profesional, ¿cuál ha sido el cambio más importante que ha experimentado la justicia penal chilena en las últimas dos décadas?

Creo que el cambio más importante ha sido el proceso de especialización que ha experimentado el sistema de justicia penal. Cuando comencé a ejercer, el conocimiento jurídico general permitía enfrentar la mayoría de las causas. Hoy eso ya no es suficiente.

La realidad exige una capacitación permanente y una especialización creciente. Lo vemos en materias como justicia penal adolescente, personas migrantes, perspectiva de género, delitos económicos y, más recientemente, en crimen organizado. Cada una de estas áreas demanda conocimientos específicos y formas distintas de abordar la defensa.

A mi juicio, ese proceso de especialización ha sido uno de los grandes avances del sistema.

Sin embargo, los desafíos que vienen son igualmente importantes. Cada vez enfrentaremos investigaciones más complejas, con mayor cantidad de prueba digital, múltiples intervinientes y juicios de larga duración. Ello exigirá no solo defensores cada vez más especializados, sino también mejores capacidades institucionales para gestionar casos complejos y administrar juicios extensos sin afectar la calidad de la defensa ni la oportunidad de las decisiones.

El futuro de la justicia penal pasa precisamente por consolidar un sistema cada vez más especializado, con capacitación permanente de todos sus actores y con mejores herramientas para gestionar investigaciones de alta complejidad. Sin embargo, ese fortalecimiento no puede limitarse a la persecución penal. También debe garantizar que la defensa cuente con las condiciones necesarias para ejercer eficazmente su función. En definitiva, el verdadero desafío será responder con mayor eficacia a una criminalidad cada vez más sofisticada, sin perder de vista que el debido proceso y el ejercicio pleno del derecho de defensa constituyen condiciones esenciales para la legitimidad de cualquier sistema de justicia penal.