Proyecto de ley que otorga reajuste general de remuneraciones ingresó a control preventivo de constitucionalidad

Luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el proyecto de ley de reajuste del sector público remitió la iniciativa al Tribunal Constitucional, a fin de que se pronuncie –en control preventivo y obligatorio- sobre la constitucionalidad los artículos 108, 113, 120, 121 y 123 de la iniciativa.

Las normas sujetas a control de constitucionalidad inciden en modificaciones a distintos cuerpos normativos, abarcando materias tributarias, educacionales, judiciales, electorales y de funcionamiento del Congreso Nacional.

En materia tributaria, el artículo 108 sustituye el numeral 4 del artículo primero transitorio de la Ley N° 21.713, que dicta normas para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias dentro del pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal. La nueva redacción dispone que los procedimientos iniciados conforme al párrafo primero del Título III del Libro III antes de la entrada en vigencia de la ley continuarán su tramitación en primera instancia según las normas vigentes a la fecha de inicio. Sin embargo, establece que la apelación de las resoluciones será de competencia de la Corte de Apelaciones respectiva. Asimismo, los recursos que se encuentren siendo conocidos por los Tribunales Especiales de Alzada al momento de la entrada en vigencia de la ley deberán remitirse a la Corte de Apelaciones correspondiente para su conocimiento y fallo, salvo aquellos que estén en estado de fallo, caso en el cual deberá dictar sentencia el respectivo Tribunal Especial de Alzada. En todo caso, dichos tribunales conservarán competencia para proveer los recursos de casación que se interpongan con motivo de sus fallos y para conocer de los recursos de aclaración, rectificación y enmienda relacionados con sus sentencias.

En el ámbito educacional, el artículo 113 modifica el artículo 8° transitorio de la Ley N° 20.370, General de Educación. En su inciso primero, se reemplaza el año “2026” por “2030”, extendiendo el plazo originalmente previsto. Además, se incorpora un nuevo inciso quinto, que dispone que durante el año 2028 el Ministerio de Educación deberá realizar un estudio prospectivo para evaluar la pertinencia de aplicar la estructura curricular establecida en el artículo 25, considerando al menos los costos, las adecuaciones de infraestructura, la formación docente y las bases curriculares requeridas. Dicho estudio deberá ser presentado a las Comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por su parte, el artículo 120 crea un Segundo Juzgado de Policía Local en la Municipalidad de Calama. Para estos efectos, se establece la creación, en la planta de personal municipal, de un cargo de Juez de Policía Local, grado 4°, en la planta de Directivos, y de un cargo de Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local, grado 7°, en la planta de Profesionales, sin perjuicio de las modificaciones que deban realizarse a los actos administrativos pertinentes.