TEDH respalda uso de escuchas telefónicas en investigaciones antimonopolio y transferencia de información entre autoridades policiales y de competencia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó las demandas deducidas contra Países Bajos por la interceptación de comunicaciones realizada contra una serie de empresas acusadas de colusión, y la posterior intervención de un organismo antimonopolio. No constató ninguna violación a los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al estimar que la decisión de los tribunales nacionales se ajustó a derecho.

Seis sociedades neerlandesas impugnaron multas por prácticas anticompetitivas, acusando que las interceptaciones telefónicas inicialmente autorizadas para investigar delitos ambientales y corrupción eran ilegales, por haber sido compartidas con un organismo de competencia. Los tribunales nacionales avalaron la transferencia de las grabaciones, por considerarlas legales y necesarias para proteger el interés económico general, pese a la falta de motivación expresa en las autorizaciones.

El Tribunal Supremo neerlandés confirmó las sanciones, argumentando que los datos se obtuvieron legítimamente y que no existían alternativas menos intrusivas para probar los carteles. Posteriormente, las empresas demandaron al Estado el TEDH, aduciendo que la transferencia a la Autoridad de Competencia de datos interceptados legalmente sin relación con las investigaciones penales y su uso por parte de esta no eran previsibles y que las garantías procesales que regulaban estas prácticas no eran suficientes.