Corte Interamericana condena a Nicaragua por violaciones a derechos políticos y persecución de fiscal electoral

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de la República de Nicaragua por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad de pensamiento y de expresión, de los derechos políticos y del derecho a la igualdad ante la ley, en perjuicio de Chavarría Morales y su familia, en un caso vinculado a hechos ocurridos durante el proceso electoral municipal de 2008.

De acuerdo con los antecedentes, a finales de la década de 1990 se inició en Nicaragua un proceso de debilitamiento institucional que se profundizó desde 2007, caracterizado por un clima de hostilidad y persecución contra opositores, restricciones a la participación política y denuncias de irregularidades electorales, incluyendo intimidaciones a votantes, ataques a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.

En ese contexto, Chavarría Morales, integrante del Partido Liberal Constitucionalista, actuó como fiscal de verificación electoral en los comicios municipales de julio de 2008. El día 27 de ese mes, el centro de verificación ubicado en la escuela Josefa Toledo de Aguerrí, en Managua, cerró anticipadamente pese a la presencia de votantes, lo que motivó una impugnación que fue rechazada por las autoridades, quienes además destruyeron el escrito, mientras Morales y sus familiares eran objeto de insultos y amenazas por parte de un fiscal del Frente Sandinista.

Posteriormente, Morales y sus hijos fueron interceptados y atacados por un grupo numeroso de personas armadas, instigadas por dirigentes políticos, en presencia de agentes policiales que no intervinieron. La familia logró huir en su vehículo, que fue objeto de un intento de incendio, resultando con lesiones de diversa gravedad, algunas de ellas con riesgo vital y secuelas permanentes.

Ese mismo día se efectuó la denuncia ante la Policía Nacional. Si bien se realizaron diligencias iniciales, la acusación penal presentada en 2009 fue rechazada en tres oportunidades y la causa fue archivada en 2016. Asimismo, las denuncias en sede electoral y ante otras autoridades no generaron resultados concretos.

Con posterioridad, Morales y su familia fueron objeto de amenazas, hostigamientos e intimidaciones reiteradas, incluyendo ataques armados, agresiones por parte de personas encapuchadas y actos de violencia contra integrantes del núcleo familiar, en un contexto vinculado al avance del caso ante el sistema interamericano. También se registraron ataques a viviendas, vigilancia policial en fechas cercanas a audiencias internacionales y trabas en la obtención de documentos de identidad y pasaportes.

La Corte Interamericana señaló que los derechos políticos, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión requieren la existencia de un sistema electoral que garantice elecciones libres, auténticas y periódicas, y que el Estado tiene la obligación de asegurar la integridad de dichos procesos. En ese marco, destacó la importancia de los fiscales electorales, considerándolos defensores de derechos humanos, cuya labor debe desarrollarse sin intimidaciones ni represalias.

El tribunal constató que los hechos denunciados se produjeron en un contexto de deterioro institucional y que las agresiones sufridas afectaron tanto los derechos políticos de Morales como su integridad personal y la de su familia, configurando además una afectación colectiva al proceso electoral.

Asimismo, concluyó que las investigaciones penales y las denuncias presentadas estuvieron marcadas por rechazos reiterados, exigencias procesales excesivas y prolongados períodos de inactividad, lo que constituyó un obstáculo indebido al acceso a la justicia y evidenció el incumplimiento del deber estatal de investigar con debida diligencia.

En relación con los actos de hostigamiento posteriores, la Corte verificó la existencia de agresiones, amenazas con armas de fuego, persecuciones y actos de amedrentamiento, incluso contra niños, lo que provocó el exilio de uno de los integrantes de la familia, alteraciones profundas en la vida familiar y afectaciones al proyecto de vida de las víctimas.

El tribunal determinó que el Estado no adoptó medidas para proteger a las víctimas ni para investigar los hechos, pese a tener conocimiento de ellos, y que parte de las conductas se enmarcaron en represalias por la búsqueda de justicia a nivel internacional.

Por estas consideraciones, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Nicaragua por la violación de los artículos 5.1, 13, 23.1.a y b y 24 de la Convención Americana, así como del derecho a defender derechos humanos, en relación con las obligaciones del artículo 1.1 del tratado, extendiendo la vulneración del derecho a la integridad personal también a los hijos de la víctima.

Como medidas de reparación, ordenó al Estado llevar a cabo una investigación efectiva de los hechos, implementar programas obligatorios de formación en derechos humanos para funcionarios de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia hasta su total ejecución.

Vea sentencia Corte IDH “Chavarría Morales y otros vs. Nicaragua”.