Corte IDH condena a Nicaragua por detención ilegal de excandidato

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Nicaragua por la detención ilegal y arbitraria de Alejandro Fiallos Navarro, exfuncionario del Gobierno de Enrique Bolaños Geyer y candidato a la alcaldía de Managua en 2004.

El caso comenzó cuando Navarro fue denunciado por abuso de autoridad y amenazas condicionadas. Un juzgado de Managua lo condenó a arresto, multas e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por un año.

El problema fue que Navarro fue detenido antes de que la sentencia le fuera notificada, antes de que quedara firme y mientras estaba en el tribunal ampliando su declaración. Después, otro juzgado confirmó la condena, ordenó su detención y le prohibió salir del país, aunque en ese momento él ya estaba fuera de Nicaragua.

Más tarde, el tribunal dejó sin efecto la orden de detención y la retención migratoria, lo que permitió que Navarro regresara al país. Sin embargo, mantuvo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Mientras ocurría todo esto, Navarro participaba como candidato a la alcaldía de Managua en las elecciones municipales de noviembre de 2004. Pese a la condena, pudo competir, aunque perdió la elección. Ese mismo año, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana concluyó que Nicaragua vulneró varios derechos reconocidos en la Convención Americana, entre ellos la libertad personal, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la protección judicial y los derechos políticos.

El tribunal tomó en cuenta que el propio Estado reconoció algunas irregularidades durante el proceso penal. Entre ellas, que se rechazaron varios trámites de puro derecho. Para la Corte, esto afectó la posibilidad de Navarro de preparar adecuadamente su defensa.

También sostuvo que el proceso generó un desequilibrio en perjuicio del acusado, afectó su presunción de inocencia y vulneró su derecho de defensa. Además, estimó que las sentencias de primera y segunda instancia no estaban debidamente fundamentadas.

Sobre la supuesta falta de imparcialidad de los jueces, la Corte señaló que no había pruebas suficientes para declarar responsable al Estado por ese punto.

Respecto de la detención, la Corte recordó que, según la ley nicaragüense vigente en ese momento, una persona solo podía ser privada de libertad por orden de un juez competente, salvo flagrancia. También explicó que una sentencia podía servir para detener a una persona, pero solo si ya estaba firme y en etapa de ejecución.

En este caso, eso no ocurrió. Navarro fue detenido cuando la sentencia aún no le había sido notificada ni a él ni a su defensor, y cuando todavía no estaba firme. Por eso, la Corte concluyó que la detención fue ilegal.

Además, la Corte sostuvo que la detención también fue arbitraria, porque se basó en una sentencia sin motivación suficiente. Una resolución judicial mal fundamentada no puede justificar válidamente la privación de libertad de una persona.

El tribunal agregó que Navarro tampoco fue informado formalmente de las razones de su detención, ya que no se le había notificado la sentencia condenatoria.

La defensa presentó un hábeas corpus, o recurso de exhibición personal, para revisar la legalidad del arresto. Sin embargo, el tribunal de apelaciones lo rechazó, señalando que no procedía amparo contra resoluciones judiciales. Para la Corte Interamericana, esa decisión dejó a Navarro sin un recurso rápido y efectivo para cuestionar su detención.

En cuanto a sus derechos políticos, la Corte observó que Navarro fue condenado a inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por un año. Aunque pudo participar en la elección municipal, no había antecedentes suficientes para determinar si el proceso penal y la cobertura mediática afectaron su candidatura.

De todos modos, la Corte sí declaró vulnerados sus derechos políticos, porque la inhabilitación tuvo origen en una sentencia arbitraria.

Como reparación, la Corte ordenó a Nicaragua dejar sin efecto la condena contra Navarro, adoptar todas las medidas judiciales y administrativas necesarias, y eliminar sus antecedentes de los registros públicos correspondientes.

También ordenó publicar el resumen oficial de la sentencia en un medio oficial y en otro de amplia circulación nacional, pagar las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y reembolsar las costas y gastos del proceso.

Finalmente, la Corte señaló que supervisará el cumplimiento de la sentencia y que solo cerrará el caso cuando Nicaragua haya cumplido todas las medidas ordenadas.

Vea sentencia Corte IDH “Navarro vs. Nicaragua”.