Tribunal Constitucional de Perú suspende uso de plaguicidas en alimentos por riesgo para la salud

El Tribunal Constitucional de Perú declaró fundada una demanda de amparo presentada contra diversos organismos públicos de fiscalización sanitaria y ambiental, tras detectar fallas en el control de sustancias químicas aplicadas a la agricultura de consumo interno. La magistratura determinó la existencia de un estado de cosas inconstitucional por la falta de vigilancia sobre la inocuidad alimentaria, lo que genera un riesgo para la salud, la vida, la integridad, el ambiente y la protección de los consumidores.

La sentencia ordenó a la autoridad de sanidad agraria suspender la venta, distribución y uso de clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clotianidina cuando se destinen a cultivos de consumo interno. Esta medida se mantendrá hasta que concluya una reevaluación técnica y científica de las sustancias y se implementen mecanismos suficientes de control, trazabilidad y respuesta sanitaria, tras constatarse que casi el 40% de los análisis recientes reveló niveles elevados de residuos.

El fallo fijó un plazo de 90 días hábiles para que la autoridad sanitaria, con participación del ministerio del ramo y del sector Salud, realice una revisión integral sobre la permanencia, restricción, suspensión o cancelación de las autorizaciones de los cinco productos. Este examen deberá utilizar información toxicológica, regulatoria y empírica actualizada. Asimismo, otorgó 180 días hábiles para que diversas entidades del Ejecutivo y gobiernos locales elaboren un plan interinstitucional de inocuidad alimentaria.

La decisión exige fortalecer la supervisión mediante laboratorios equipados, personal especializado y recursos suficientes. Del mismo modo, manda crear un sistema de trazabilidad para detectar incumplimientos, identificar el origen de los productos contaminados y activar medidas de inmovilización, retiro del mercado y alerta pública cuando se superen los límites máximos permitidos.

El pronunciamiento añade la implementación de programas de acompañamiento técnico a los agricultores para promover prácticas de manejo de plagas compatibles con la inocuidad y alternativas de menor riesgo. A la vez, encarga fomentar la investigación científica sobre métodos de prevención que protejan la salud y el entorno, junto con revisar las reglas vigentes sobre límites permitidos de residuos de agroquímicos.

Vea sentencia Tribunal Constitucional de Perú.