Justicia de EE.UU. frena cobro de 100 mil dólares para visas de trabajo H-1B

El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Estados Unidos desestimó el recurso presentado por el gobierno federal para revertir la orden judicial que mantiene en suspenso el cobro de 100 mil dólares para la tramitación de permisos de trabajo tipo H-1B. El tribunal de alzada resolvió de forma unánime que el gobierno carece de probabilidades de éxito en el fondo del asunto.

Los permisos objeto del litigio corresponden a autorizaciones temporales de empleo gestionadas por empresas para contratar a profesionales extranjeros con título universitario o conocimientos especializados. Estas licencias rigen por un período de tres años, renovable por un lapso equivalente, y se encuentran sujetas a un límite legal anual fijado por el Congreso de 65 mil cupos generales, más 20 mil adicionales para graduados de posgrado.

El conflicto judicial comenzó cuando una coalición integrada por veinte estados presentó una acción legal para paralizar la medida impulsada por el poder ejecutivo. La autoridad gubernamental justificó el incremento sosteniendo que el programa sufría abusos por parte de los empleadores, quienes contrataban mano de obra extranjera a menor costo en perjuicio de las oportunidades laborales y salarios del personal local.

En la instancia previa, el juez del Tribunal de Distrito para el Distrito de Massachusetts acogió la demanda estatal al determinar que el cobro propuesto constituye un impuesto no autorizado. El fallo fundamentó que la Constitución asigna de manera exclusiva al Congreso la potestad de fijar tributos y dictar la política migratoria, añadiendo que la disposición administrativa transgredía la Ley de Procedimiento Administrativo.

De forma paralela, una entidad gremial empresarial interpuso una demanda independiente alegando que el monto fijado perjudica el crecimiento de las medianas, pequeñas y nuevas empresas que requieren especialistas extranjeros. Aunque el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia ratificó la medida en primera instancia, la agrupación recurrió esa decisión y el caso se mantiene pendiente de resolución.

Con esta decisión, los empleadores que recurren a este sistema de contratación continuarán abonando los valores habituales de tramitación, los cuales fluctuaban históricamente entre 2 mil y 5 mil dólares antes de la emisión del decreto suspendido por la justicia federal.

Vea texto de la resolución.