Corte de Casación de Francia dictamina que Airbnb no posee inmunidad civil ante incumplimientos de arrendatarios

La Corte de Casación de Francia dictaminó que la empresa Airbnb, plataforma digital de servicios de arrendamiento, no puede ser calificada jurídicamente como un proveedor de alojamiento de datos. Esta distinción resulta fundamental dentro del marco de la Ley de 2004 sobre la confianza en la economía digital, la cual otorga una protección especial de responsabilidad a aquellas entidades que se limitan a almacenar información de terceros de manera automática y neutral. La justicia francesa concluyó que el modelo operativo de la plataforma no cumple con los requisitos de pasividad necesarios para acceder a dicho beneficio.

La controversia llegó a la instancia superior tras analizarse dos casos específicos en los que inquilinos utilizaron la plataforma para realizar subarriendos sin contar con la autorización de los propietarios de los inmuebles. Mientras que en una primera instancia las resoluciones fueron divergentes respecto a la responsabilidad de la empresa, la Corte de Casación unificó el criterio al observar que la plataforma desempeña un papel activo en la relación contractual. Según el fallo, la compañía no solo proporciona el espacio digital, sino que interfiere activamente en la interacción entre los anfitriones (propietarios) y los viajeros (arrendatarios).

Entre los fundamentos de la sentencia se destaca que Airbnb impone un conjunto de reglas obligatorias para la publicación de anuncios y transacciones, reservándose la facultad de verificar su cumplimiento. Asimismo, el tribunal identificó que el sistema de atribución de estatus a ciertos usuarios, como la categoría de superhost, funciona como una herramienta de promoción que influye en las decisiones de consumo de la audiencia. Estas acciones demuestran un conocimiento y control sobre los datos que resulta incompatible con la definición legal de un intermediario puramente técnico.

Como consecuencia directa de esta calificación, la empresa no podrá invocar la cláusula de desconocimiento de actividades ilegales para no incurrir en responsabilidad civil. En los casos analizados, el tribunal validó las condenas que obligan a la plataforma a restituir, junto a los inquilinos infractores, las sumas obtenidas mediante los subarriendos no autorizados. El fallo marca un precedente sobre la supervisión de contenidos en la economía digital, estableciendo que la gestión proactiva de una plataforma conlleva la obligación de responder ante la justicia por los usos ilícitos que se realicen a través de su interfaz.

“Airbnb desempeña así un papel activo que le permite conocer y controlar las ofertas publicadas en su plataforma, lo que es incompatible con el estatuto de proveedor de alojamiento en Internet tal como lo define la ley de 2004 sobre la confianza en la economía digital. Por tanto, Airbnb no se beneficia de la exención de responsabilidad que esta ley concede a los anfitriones”, señala la sentencia.

Vea sentencia Corte de Casación de Francia.