Corte Constitucional de Colombia define criterios para admitir tutelas presentadas por personas privadas de libertad

La Corte Constitucional de Colombia dictó una sentencia en la que clarificó los caso bajo los cuales resulta improcedente que los tribunales rechacen una acción de tutela. Esta determinación surgió tras la revisión del caso de un ciudadano privado de libertad, cuya solicitud de amparo fue desestimada en primera instancia sin un análisis de fondo, basándose en argumentos procesales que la Corte consideró infundados.

El caso versa sobre la situación de un recluso que, pese a contar con diagnóstico y prescripciones médicas, no recibió la atención sanitaria requerida durante un lapso de catorce meses. Esta omisión por parte del centro de reclusión provocó un deterioro en su estado de salud, motivando la presentación de la acción constitucional. Sin embargo, el juez de primera instancia se abstuvo de tramitarla, exigió correcciones y finalmente decretó su rechazo, argumentando que el documento carecía de firma autógrafa, cuestionando la capacidad de los reclusos para usar correo electrónico y alegando falta de claridad en las pretensiones.

Al conocer el asunto, la Corte constató que, durante el trámite, el accionante había recuperado su libertad, configurándose una carencia actual de objeto por hecho sobreviviente. No obstante, dada la relevancia de los derechos involucrados y la actuación de las autoridades judiciales y administrativas, la Corte decidió pronunciarse sobre el fondo para sentar jurisprudencia respecto a las garantías procesales y el derecho a la salud en estos casos.

En materia procesal, la Corte determinó que la inadmisión y posterior rechazo fueron inadecuados. El fallo sostuvo que no existe normativa que prohíba el uso de canales electrónicos para la interposición de tutelas, siendo potestad del establecimiento carcelario facilitar estos medios. Asimismo, indicó que la brevedad del escrito no impedía comprender los hechos y la vulneración alegada, y que el juez contaba con elementos de juicio suficientes para validar la identidad del solicitante, sin necesidad de exigir formalismos excesivos que obstaculizan el acceso a la administración de justicia.

Respecto al derecho a la salud, la sentencia reiteró los estándares mínimos que el Estado debe asegurar a la población reclusa. Estos incluyen la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el acceso sin discriminación a servicios médicos, y la garantía de prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías físicas o mentales. La Corte fue enfática en señalar que la aplicación de tratamientos médicos o quirúrgicos necesarios no requiere de una resolución judicial que la ordene, pues es una obligación directa de la administración penitenciaria.

En consecuencia, el tribunal advirtió a las autoridades involucradas sobre su responsabilidad en el diseño y ejecución del modelo de atención en salud, conforme a la Ley 1709 de 2014. Se recalcó que estas entidades deben garantizar atención intramural, extramural y primaria sin imponer barreras administrativas, protegiendo así la vida e integridad de los internos.

Finalmente, la decisión judicial reprochó que el sistema obligue a las personas privadas de libertad a recurrir a la acción de tutela para acceder a servicios básicos que ya han sido ordenados por médicos tratantes.

Vea sentencia Corte Constitucional de Colombia T-344-25