Corte Suprema revoca fallo y confirma rechazo de licencias médicas por falta de huella laboral

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por el rechazo al pago de subsidios de licencias médicas.

La recurrente denunció que el rechazo vulnera sus derechos constitucionales, solicitando el pago de los subsidios correspondientes a las licencias médicas rechazadas.

Las recurridas solicitaron el rechazo del recurso, argumentando que la decisión está justificada por no haberse acreditado la existencia de un vínculo laboral, tras una fiscalización que arrojó resultados negativos.

La Corte de Santiago acogió la acción cautelar, considerando que la decisión de las recurridas era arbitraria al basarse únicamente en una fiscalización negativa y en la existencia de una relación paternofilial entre la recurrente y el representante legal de la empresa empleadora, sin considerar la documentación aportada que daba cuenta de la existencia de una relación laboral.

El máximo Tribunal revocó la decisión en alzada, tras descartar que el actuar de las recurridas fuera ilegal o arbitrario.

Razonó que, según los antecedentes, las recurridas cumplieron con su deber y facultad de requerir antecedentes complementarios y realizar la fiscalización correspondiente, con la finalidad de adoptar una decisión fundada, en conformidad con las atribuciones que les confiere el artículo 21 del Decreto Supremo N°3. Agregó que la Compin efectuó una visita domiciliaria y solicitó documentación a la trabajadora y al supuesto empleador, sin lograr constatar la existencia de huella laboral ni actividad efectiva en el domicilio registrado, lo que constituyó una base fáctica suficiente para concluir que no existía vínculo laboral que habilitara el pago de subsidios por incapacidad laboral.

En ese contexto, la Corte señaló que la decisión impugnada se sustentó en antecedentes objetivos y en una aplicación correcta de la normativa vigente, descartando así cualquier arbitrariedad o ilegalidad en el proceder de los organismos administrativos, y enfatizó que no corresponde a la vía del recurso de protección revisar cuestiones de hecho o de mérito propias de la fiscalización efectuada por los órganos competentes.

En tal sentido indica que, “(…) la recurrida cumplió con su deber y facultad de requerir antecedentes complementarios y realizar la fiscalización correspondiente, con la finalidad de adoptar una decisión fundada, en la forma que prescribe la normativa citada, sin que se pueda hacer reproche alguno en su actuar”.

Enseguida, añade que, “(…) la decisión de la recurrida contiene sustento fáctico suficiente para descartar de forma certera la procedencia del pago de los subsidios pretendidos, cumpliendo el estándar establecido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, eliminando así todo atisbo de ilegalidad o arbitrariedad en la decisión, motivo suficiente para rechazar la acción deducida”.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°8.879-2025 y Corte de Santiago Rol N°21630-2024 (Protección).