Discurso de odio xenofóbico no está amparado por la libertad de expresión, incluso en campañas electorales

El estudio también aborda el uso del discurso de odio por actores políticos, señalando que en el entorno digital algunos líderes y partidos utilizan la migración como eje de polarización, apelando al miedo y a la desconfianza hacia “los otros” para obtener réditos electorales. Si bien se reconoce que el discurso político goza de una protección reforzada en democracia, especialmente durante campañas electorales, los autores sostienen que dicha protección no es absoluta.

En particular, el trabajo subraya que existe una diferencia entre el discurso político duro —que puede ser provocador o incómodo— y aquel que llama al desprecio, la estigmatización o la exclusión de grupos vulnerables. Cuando se traspasa ese umbral, afirman, la expresión deja de estar protegida por la libertad de expresión, incluso en el marco de una contienda electoral.

Desde el punto de vista jurídico, el estudio recuerda que la jurisprudencia comparada, especialmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconoce un deber reforzado de moderación para autoridades y representantes públicos, dado el impacto que sus expresiones tienen en la formación de la opinión pública. Este estándar resulta particularmente relevante para el debate chileno, considerando el rol de parlamentarios, autoridades y candidatos en la configuración del discurso público sobre migración.

En cuanto a las respuestas frente al discurso de odio, el artículo sostiene que el derecho penal debe operar como última ratio y reservarse para los casos más graves, como la incitación directa a la violencia o las expresiones que afecten gravemente la dignidad humana, en especial cuando involucran a niños, niñas y adolescentes. Otros discursos que generan hostilidad o estigmatización podrían abordarse por la vía civil, mediante acciones por daño al honor individual o colectivo.

Asimismo, los autores destacan la necesidad de complementar las respuestas jurídicas con políticas públicas orientadas a la educación en valores democráticos, la inclusión de personas migrantes en el debate público, la alfabetización digital y la imposición de deberes claros a las plataformas digitales para prevenir y reaccionar frente al discurso de odio. También plantean la conveniencia de una regulación específica del discurso de odio en campañas electorales, particularmente respecto de actores políticos.

En sus conclusiones, el estudio sostiene que un Estado democrático como Chile no puede ser neutral frente a discursos que socavan la igualdad, la dignidad y la convivencia social. Si bien la libertad de expresión constituye un pilar esencial de la democracia, el discurso de odio xenofóbico no se encuentra amparado por ella, por ser incompatible con los valores democráticos que la sustentan. Al mismo tiempo, advierte sobre el riesgo de utilizar de forma indebida la noción de odio para silenciar la crítica política legítima, subrayando la necesidad de distinguir con claridad entre el debate político protegido y el discurso de odio que debe ser jurídicamente limitado.

Vea “El discurso de odio xenofóbico y los límites a la libertad de expresión”.