Tema
Potestad sancionadora
Concluyó que el exceso del plazo previsto en la Ley N° 19.880 para tramitar un procedimiento administrativo no produce por sí solo su decaimiento, pues dicho plazo no es fatal y su incumplimiento no extingue la potestad sancionadora.
21 de julio de 2026
Congruencia procesal es requisito esencial
Concluyó que la Corte de Santiago extendió su decisión a materias que excedían el objeto del reclamo de legalidad y se pronunció sobre actuaciones administrativas ajenas a la controversia sometida a su conocimiento, incurriendo en un vicio de ultra petita que justificaba invalidar el fallo.
25 de junio de 2026
Corredores de seguros sin inscripción vigente
Destacó que las compañías de seguros tienen el deber de verificar en el registro público si los corredores con los que operan mantienen una inscripción vigente, sin que puedan excusarse en la falta de notificación de las resoluciones que la cancelan.
08 de junio de 2026
Fiscalización laboral
Rechazó el recurso de nulidad interpuesto por el establecimiento educacional y mantuvo vigente una multa cursada por la Inspección del Trabajo. Concluyó que el empleador no logró desvirtuar la presunción de veracidad de los hechos constatados por el fiscalizador respecto de la falta de exhibición del contrato de trabajo de una dependiente.
06 de junio de 2026
Endurece exigencias de transparencia
El instructivo precisa quiénes deben presentar la declaración de intereses y patrimonio en procedimientos de contratación o ejecución contractual regidos por la ley N° 19.886, regula los plazos y contenidos exigidos, e incluye a funcionarios a honorarios y a quienes intervienen ocasionalmente en dichos procesos
06 de junio de 2026
El análisis de la inactividad administrativa como fuente de responsabilidad del Estado cobra especial relevancia en un contexto normativo que amplía los deberes de fiscalización pública. A partir de la distinción entre inactividad y falta de servicio, y del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema, el texto examina los criterios que permiten imputar responsabilidad al Estado-Administrador por omisiones en sus deberes de actuación, particularmente en materia de fiscalización de actividades riesgosas, proyectando además los desafíos que plantea la entrada en vigencia de la Ley Marco de Aut
15 de diciembre de 2025