Legislativo
Controversia por resolución tributaria
Senado cita a ministro Quiroz y pide pronunciamiento a la Corte Suprema por mecanismo que permite a plataformas de apuestas online pagar IVA
La Comisión de Economía acordó citar al ministro de Hacienda, solicitar un pronunciamiento de la Corte Suprema e invitar a la Superintendencia de Casinos de Juego luego de que el Servicio de Impuestos Internos habilitara un sistema para que plataformas extranjeras de apuestas online puedan declarar y pagar IVA en Chile. Parlamentarios cuestionaron la medida al estimar que podría entrar en tensión con la jurisprudencia del máximo tribunal que ha calificado estas actividades como ilícitas.

La resolución dictada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que permite a plataformas extranjeras de apuestas online registrarse y pagar IVA por operaciones efectuadas en Chile abrió un intenso debate en el Senado, donde la Comisión de Economía acordó solicitar un pronunciamiento a la Corte Suprema respecto de los alcances de la medida y su compatibilidad con la jurisprudencia vigente sobre esta actividad.
La controversia surgió tras la comparecencia del director nacional del SII, Jorge Trujillo, quien concurrió a la comisión para explicar los alcances de la Resolución Exenta N.° 69, emitida el pasado 2 de junio, mediante la cual se habilitó un mecanismo especial para que contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile que prestan servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y actividades similares a través de plataformas digitales puedan cumplir con sus obligaciones tributarias en materia de IVA.
Tras la exposición, los integrantes de la instancia parlamentaria acordaron citar al ministro de Hacienda para profundizar en los fundamentos de la medida. Asimismo, resolvieron invitar a la Superintendencia de Casinos de Juego y remitir un oficio a la Corte Suprema para conocer su opinión respecto de la eventual contradicción que podría existir entre la resolución administrativa y los fallos dictados por el máximo tribunal en esta materia.
El presidente de la Comisión de Economía, senador Gastón Saavedra, manifestó que los integrantes de la instancia no comparten el criterio expuesto por el organismo tributario. “Nosotros no concordamos ni estamos de acuerdo con las opiniones emitidas por el director del Servicio de Impuestos Internos”, sostuvo. Agregó que la comisión decidió solicitar a la Corte Suprema que se pronuncie sobre la materia debido a que existen sentencias que “establecen que este tipo de acciones por las plataformas son ilícitas”.
En la misma línea, el parlamentario advirtió que “lo que queda con la resolución 69 (…) es que se comienza a regularizar ante la sociedad una actividad de carácter ilícita”, planteando que la medida podría transmitir una señal equívoca respecto de la legalidad de las apuestas online.
Durante la discusión, el senador Ricardo Celis sostuvo que la resolución implica “dar legalidad a una situación ilegal”, cuestionando que el Servicio de Impuestos Internos haya modificado el criterio que anteriormente mantenía sobre estas plataformas sin que existieran cambios sustanciales en el marco normativo.
Por su parte, el senador Diego Ibáñez expresó reparos respecto de la posibilidad de que el Estado cobre impuestos a actividades que actualmente no cuentan con regulación legal específica, señalando que la resolución podría interpretarse como un intento de “regularizar y legalizar” operaciones que continúan siendo objeto de cuestionamientos jurídicos.
Uno de los aspectos centrales del debate dice relación con la jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema en los últimos años. En diversos fallos dictados a propósito de acciones presentadas por operadores de casinos autorizados, el máximo tribunal ha concluido que las plataformas de apuestas online carecen actualmente de habilitación legal para operar en Chile, ordenando incluso el bloqueo de determinados sitios web vinculados a este tipo de servicios. Precisamente esa interpretación es la que llevó a los senadores a cuestionar la compatibilidad de la nueva resolución tributaria con el criterio sostenido por los tribunales.
Desde el Servicio de Impuestos Internos, sin embargo, rechazaron que la medida implique un reconocimiento o validación de la actividad. El director nacional del organismo, Jorge Trujillo, afirmó que “el SII con esta resolución 69 no está alentando ni fomentando la actividad”, sino que únicamente está exigiendo el cumplimiento de obligaciones tributarias respecto de servicios que efectivamente son prestados a usuarios ubicados en Chile.
Según explicó, las plataformas de apuestas continúan operando, realizando publicidad y manteniendo vínculos comerciales con distintas actividades económicas y deportivas, por lo que corresponde aplicar las normas tributarias vigentes para los servicios digitales prestados desde el extranjero.
La posición del organismo fue complementada por el subdirector normativo del servicio, Simón Ramírez, quien sostuvo que la función del SII consiste exclusivamente en determinar la existencia de un hecho gravado y aplicar la normativa tributaria correspondiente, independientemente de la licitud o ilicitud de la actividad que genera la obligación fiscal.
De acuerdo con la resolución, las plataformas extranjeras podrán inscribirse en el sistema especial habilitado por el servicio y regularizar el pago del IVA correspondiente a operaciones efectuadas durante los últimos treinta y seis períodos tributarios, utilizando para ello el mecanismo diseñado para prestadores extranjeros de servicios digitales.
La controversia se desarrolla mientras continúa en el Congreso la tramitación del proyecto de ley destinado a regular las plataformas de apuestas online. En ese escenario, el debate abierto por la Resolución N.° 69 del Servicio de Impuestos Internos plantea una interrogante institucional relevante: si el cobro de impuestos respecto de una actividad cuya legalidad sigue siendo discutida constituye únicamente una medida de carácter tributario o si, por el contrario, genera efectos que trascienden el ámbito fiscal y se proyectan hacia el plano regulatorio y jurídico.
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