Proyecto de ley busca reforzar persecución de distribución digital ilícita y ampliar facultades judiciales frente a plataformas digitales

El proyecto de ley patrocinado por los Senadores Karim Bianchi, Alejandro Kusanovic, Iván Moreira y Gastón Saavedra, junto a la Senadora Paulina Núñez busca fortalecer la persecución de la distribución digital ilícita de contenidos protegidos, especialmente respecto de plataformas, aplicaciones y dispositivos utilizados para acceder ilegalmente a transmisiones audiovisuales. Asimismo, la iniciativa pretende reforzar la protección de los consumidores y mejorar la eficacia de las resoluciones judiciales en entornos digitales.

La moción sostiene que el crecimiento de las tecnologías digitales ha facilitado la proliferación de servicios que distribuyen contenidos protegidos sin autorización, generando no solo infracciones a la propiedad intelectual, sino también riesgos para la seguridad digital de los usuarios.

En ese contexto, el proyecto advierte que muchas aplicaciones y dispositivos utilizados para estos fines pueden acceder a datos personales, medios de pago o funciones sensibles de los equipos, afectando directamente a los consumidores.

Además, la iniciativa señala que las normas actualmente vigentes resultan insuficientes para enfrentar fenómenos digitales internacionales, particularmente debido a las dificultades para ejecutar resoluciones judiciales frente a intermediarios globales, tales como motores de búsqueda, tiendas de aplicaciones y plataformas digitales.

En materia de nuevos delitos y sanciones, el proyecto modifica la Ley de Propiedad Intelectual para tipificar expresamente conductas vinculadas a la comercialización y explotación de servicios digitales ilícitos.

La propuesta busca sancionar a quienes ofrezcan, distribuyan, administren o promocionen aplicaciones, programas, dispositivos o servicios destinados principalmente a facilitar el acceso no autorizado a contenidos protegidos.

Asimismo, la iniciativa contempla castigar servicios de suscripción, publicidad o cobro vinculados a estas actividades ilícitas.

Del mismo modo, el proyecto otorga facultades a los tribunales para decretar medidas accesorias, tales como el comiso de dispositivos, la desinstalación de software ilícito o la prohibición temporal de comercializar determinados equipos.

En relación con las facultades judiciales, la moción amplía las atribuciones de los tribunales permitiendo ordenar bloqueos de dominios, eliminación de aplicaciones, desindexación de resultados de búsqueda, suspensión de cuentas o interrupción de medios de pago asociados a servicios infractores.

Estas medidas podrán aplicarse de manera dinámica en aquellos casos en que los servicios infractores modifiquen constantemente sus dominios o plataformas digitales.

El proyecto también incorpora la figura de los “intermediarios digitales relevantes”, definidos como aquellos actores que, aun cuando no sean autores directos de las infracciones, facilitan significativamente la disponibilidad, localización, distribución, financiamiento o comercialización de servicios o contenidos ilícitos.

Dentro de esta categoría podrían incluirse motores de búsqueda, plataformas digitales, marketplaces, proveedores de hosting e intermediarios de pago, entre otros.

La iniciativa dispone además que estos intermediarios deberán designar un representante o punto de contacto en Chile para recibir notificaciones judiciales y colaborar en el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los tribunales.

El incumplimiento injustificado de dichas resoluciones podrá ser sancionado con multas.

En materia de protección al consumidor, el proyecto incorpora modificaciones a la Ley del Consumidor destinadas a exigir mayores estándares de transparencia en la comercialización de dispositivos y aplicaciones digitales.

En particular, los proveedores deberán informar aspectos relativos a softwares preinstalados, permisos de acceso, políticas de seguridad y riesgos relevantes para los usuarios.

Asimismo, se considerará publicidad engañosa presentar estos servicios como “seguros”, “oficiales” o “autorizados” cuando no lo sean, o bien ocultar riesgos asociados al acceso a datos personales, cámaras, micrófonos o medios de pago.

La propuesta también reconoce el derecho de los consumidores a exigir devolución del dinero, reparación, saneamiento del software o reposición del producto cuando existan configuraciones ilícitas o riesgos que no hayan sido debidamente informados.

Por otra parte, el proyecto introduce modificaciones a la Ley de Delitos Informáticos, incorporando agravantes cuando estas conductas se desarrollen de manera masiva y puedan afectar datos personales, credenciales o medios de pago de una pluralidad indeterminada de usuarios.

Finalmente, la iniciativa contempla mecanismos de coordinación entre tribunales y organismos públicos, incluyendo a SUBTEL, SERNAC, Aduanas, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, con el objeto de facilitar la ejecución de medidas judiciales.

Según expone la moción, el objetivo general del proyecto consiste en adaptar la legislación chilena a las nuevas formas de distribución digital ilícita, fortaleciendo tanto la protección de la propiedad intelectual como la seguridad de los consumidores en entornos digitales.

Para ello, propone un sistema ampliado de responsabilidades y herramientas judiciales que involucra no solo a quienes distribuyen contenidos ilegalmente, sino también a los intermediarios digitales que facilitan su difusión o comercialización.

Vea texto moción boletín N°18192-25 y siga su tramitación aquí.