Proyecto de ley busca prohibir contrataciones en la Administración del Estado durante los últimos tres meses del mandato presidencial

Un proyecto de ley patrocinado por los senadores Gustavo Sanhueza, Francisco Chahuán, Iván Moreira y Rafael Prohens, propone modificar la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con el objeto de prohibir la contratación de personal en los órganos y servicios de la Administración del Estado durante los últimos tres meses del mandato del Presidente de la República.

La iniciativa señala que busca fortalecer los principios de probidad administrativa, transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder público, prevenir eventuales prácticas clientelares, evitar cargas administrativas innecesarias para la administración entrante y promover la continuidad institucional sobre fundamentos técnicos y no políticos.

El proyecto se funda en la especial sensibilidad institucional que caracteriza a los períodos de transición presidencial, en los cuales las decisiones adoptadas pueden condicionar de manera significativa a las autoridades que asumen, especialmente cuando se trata de recursos humanos permanentes o de largo plazo. Si bien el ordenamiento jurídico chileno confiere amplias facultades al Ejecutivo en la dirección de la Administración del Estado, incluyendo la designación de autoridades y la contratación de personal, los autores de la moción sostienen que dicha amplitud requiere contrapesos institucionales para evitar desviaciones del interés público.

En ese contexto, se alude a informes y auditorías de la Contraloría General de la República que han evidenciado contrataciones masivas o aceleradas al término de ciertos gobiernos, algunas de las cuales, aunque eventualmente justificables desde un punto de vista técnico, han generado dudas razonables sobre su motivación política, afectando la confianza ciudadana y comprometiendo la eficacia del aparato estatal.

La iniciativa se enmarca en los principios consagrados en el artículo 3° de la Ley N° 18.575, particularmente los de probidad administrativa, responsabilidad, eficiencia y legalidad, y se articula con el rol de control preventivo de legalidad y uso de recursos públicos que ejerce la Contraloría.

En cuanto a su alcance, el proyecto aclara que la prohibición no implica una paralización total de las contrataciones, pues reconoce la existencia de necesidades de servicio impostergables. Para tales casos, se establecen excepciones que deben ser imprescindibles para la continuidad del servicio, debidamente fundadas por la autoridad competente y contar con autorización previa de la Contraloría.

La restricción propuesta se aplicaría a todos los órganos y servicios dependientes o subordinados del Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios, subsecretarías y servicios públicos centralizados o descentralizados, excluyendo a los gobiernos regionales y a otros poderes del Estado. Comprende contrataciones de cargos de planta, contrata, honorarios y otras modalidades previstas en leyes especiales. El incumplimiento de la norma sería considerado una infracción al principio de probidad administrativa y generaría las responsabilidades correspondientes.

Según los autores, la aprobación de esta reforma permitiría reforzar la legitimidad democrática en los procesos de cambio de gobierno, aumentar la confianza ciudadana en la neutralidad del Estado, evitar compromisos administrativos innecesarios que dificulten la gestión futura y fortalecer la fiscalización preventiva de la Contraloría, elevando el estándar de justificación de las contrataciones excepcionales.

En definitiva, el proyecto apunta a asegurar que el término de una administración no sea utilizado para comprometer indebidamente recursos humanos del Estado en favor de intereses particulares o partidistas, avanzando hacia una institucionalidad pública más robusta, profesional y confiable, en beneficio del interés general.

Vea texto moción Boletín Nº 18.066-06 y siga su tramitación aquí.