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Legislativo

Telecomunicaciones y cobranza

Proyecto de ley busca obligar identificación telefónica de llamadas de cobranza mediante prefijos especiales

La iniciativa ingresada a la Cámara de Diputadas y Diputados propone modificar la Ley General de Telecomunicaciones para que las gestiones de cobranza extrajudicial realizadas de forma automatizada o masiva puedan ser reconocidas previamente por los usuarios, tras el debate judicial generado por los prefijos implementados por SUBTEL y el fallo de la Corte Suprema sobre el retail financiero.

Por Elke von Loebenstein·29 de mayo de 2026
Imagen: ChatGPT/Elke
Imagen referencial

Un proyecto de ley que autoriza la aplicación de prefijos telefónicos en la identificación de llamadas de cobranza extrajudicial ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados, iniciativa patrocinada por los diputados Daniel Lilayu, Cristóbal Martínez, Mario Olavarría, Omar Sabat, Marco Antonio Sulantay (A) y Hotuiti Teao, junto a las diputadas Ximena Naranjo, Marlene Pérez, Alejandra Valdebenito y Flor Weisse.

La moción propone modificar el artículo 8° de la Ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, incorporando expresamente dentro de la categoría de “servicios complementarios” a las comunicaciones automatizadas y masivas destinadas a la cobranza extrajudicial, permitiendo así la utilización de bloques especiales de numeración para identificar dichas llamadas.

En los fundamentos del proyecto, los autores advierten que “una práctica que en los últimos años ha causado molestia en la población, es la reiteración de llamados telefónicos no deseados con fines comerciales y/o publicitarios”. Cita el estudio “Global Call Threat Report 2024”, según el cual Chile es el segundo país con mayor tasa de spam telefónico a nivel mundial, registrando un promedio de 23 llamadas no solicitadas por persona al mes.

La iniciativa sostiene que el impacto de este fenómeno ha provocado que muchas personas dejen de contestar números desconocidos, “perdiendo en algunos casos contactos importantes destinados a informar sobre horas médicas, oportunidades laborales o, incluso, situaciones de emergencia”.

El texto recuerda que en agosto de 2025 la Subsecretaría de Telecomunicaciones implementó los prefijos 600 y 809 para comunicaciones masivas solicitadas y no solicitadas, respectivamente, conforme a la Resolución Exenta N°286.

Asimismo, los autores de la iniciativa mencionan que la SUBTEL, mediante Oficio N°11.269 de 25 de julio de 2025, interpretó que las “comunicaciones de forma automatizada y/o masiva, con el fin de requerir pagos pendientes u ofrecer alternativas de regularización de deudas constituyen un servicio (complementario) de información al suscriptor o usuario del suministro telefónico”, por lo que podían quedar comprendidas dentro del prefijo “600”.

Sin embargo, la discusión derivó en acciones judiciales luego de que la Asociación Gremial de la Industria del Retail Financiero A.G. interpusiera un recurso de amparo económico contra dicho oficio, argumentando que afectaba el normal desarrollo de su actividad.

Aunque la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó inicialmente la acción, posteriormente la Corte Suprema revocó la sentencia y declaró que “la cobranza extrajudicial ejercida por la industria del retail no queda sujeta a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°286”.

Los impulsores del proyecto precisan que el objetivo de la iniciativa “no se trata de cuestionar las decisiones adoptadas por el máximo Tribunal”, sino de aclarar legalmente el concepto de servicio complementario para asegurar la observancia del principio de transparencia en la asignación de códigos telefónicos.

En ese sentido, el proyecto enfatiza que la finalidad es que “la ciudadanía pueda conocer —sin sesgos— la procedencia de los contactos que reciben a diario”, aclarando además que ello “no impide ni prohíbe las gestiones de acreedores o de terceros en su representación para requerir el pago o la regularización de obligaciones pendientes”.

La propuesta legislativa establece en su artículo único que se considerarán servicios complementarios “aquellas comunicaciones realizadas en forma automatizada y/o masiva, a través de redes públicas de telecomunicaciones, destinadas a la entrega de información al suscriptor o usuario del servicio telefónico, tales como las gestiones de cobranza extrajudicial”.

De aprobarse el proyecto de ley, remitido a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, las llamadas de cobranza podrían quedar sujetas a bloques especiales de numeración, permitiendo que los usuarios identifiquen previamente el origen y finalidad de la comunicación antes de contestar el teléfono.

Vea texto moción Boletín N°18.226-15 y siga su tramitación aquí.

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