Iniciativa busca aliviar cobros del CAE y ajustar convenios de pago a la realidad económica de los deudores

Un grupo de diputados ingresó a la Cámara un proyecto de ley que modifica la Ley N°20.027, que regula el financiamiento de estudios de educación superior, con el objeto de aliviar el cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) y ajustar las condiciones de pago a la situación económica efectiva de los deudores.

La moción sostiene que el CAE continúa siendo el principal instrumento de garantía fiscal para financiar estudios superiores de quienes no accedieron a gratuidad ni becas, registrando actualmente cerca de 1,2 millones de personas con créditos contratados, de las cuales aproximadamente 890 mil se encuentran en etapa de pago.

El proyecto recuerda que el sistema permitió una masificación significativa de la educación superior en Chile, pasando de 595 mil estudiantes matriculados en 2005 a más de 1 millón 165 mil en 2015, prácticamente duplicando la matrícula en una década. Sin embargo, advierte que dicho crecimiento también tuvo como contracara un fuerte incremento del endeudamiento educacional.

Según expone el texto, la deuda asociada al CAE se multiplicó por ocho desde 2019 y actualmente supera los $4 billones. Asimismo, se señala que cerca del 70% de los deudores percibe ingresos inferiores a $750 mil mensuales y que las mujeres representan el 57% de la población deudora, concentrando además los salarios más bajos.

La iniciativa añade que la situación resulta aún más crítica respecto de quienes desertaron de sus carreras sin obtener título profesional, indicando que el 88% de ese grupo percibe menos de $750 mil y que el 71% mantiene morosidad con garantía estatal ya ejecutada.

En ese contexto, el proyecto cuestiona la ofensiva de cobranza iniciada durante 2026 por la Tesorería General de la República (TGR), la cual —según señala la moción— ha incluido embargos y retenciones de bienes y cuentas bancarias respecto de deudores con ingresos superiores a $5 millones, mientras que para el resto se han ofrecido convenios de pago.

El texto afirma que estas medidas han motivado una presentación masiva de recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones y que los tribunales han resuelto con criterios dispares frente a las acciones interpuestas por deudores del sistema.

Entre los antecedentes considerados por los autores de la iniciativa se incorpora un levantamiento realizado por la bancada parlamentaria del Frente Amplio mediante formularios online, en el que participaron 158 personas deudoras del CAE. De acuerdo con los resultados, el 81,6% de los encuestados se encuentra titulado, mientras cerca de un 12% registra trayectorias académicas incompletas por deserción o cambio de carrera. Asimismo, un 79,7% trabaja como dependiente y el promedio de personas económicamente dependientes por hogar alcanza 1,76 personas.

El estudio también revela que el 69,6% de los participantes recibió propuestas de convenio por parte de la TGR, registrándose ingresos medianos cercanos a $1,5 millones mensuales y cuotas de convenio con una mediana aproximada de $185 mil. Además, el pie inicial exigido alcanza una mediana cercana a $2 millones, equivalente en muchos casos a más de un mes completo de ingresos.

La moción expone además que un 78% de las personas encuestadas manifestó que sus ingresos no alcanzan para cubrir las cuotas, mientras que un 62% sostuvo que el valor de estas resulta demasiado alto en relación con sus ingresos. A ello se suman cargas familiares, otras deudas del hogar, períodos de cesantía y problemas de salud como factores que dificultan el cumplimiento de las obligaciones crediticias.

Según el proyecto, más de la mitad de los encuestados presenta incumplimiento total o niveles críticos de pago, evidenciándose un desajuste estructural entre formación profesional, ingresos reales y mecanismos de cobranza actualmente vigentes.

La iniciativa sostiene que los actuales convenios de pago imponen exigencias desproporcionadas, especialmente respecto del monto del pie inicial y del porcentaje de ingresos comprometido en cuotas mensuales, lo que termina perpetuando escenarios de incumplimiento estructural y vulnerabilidad económica persistente.

En razón de ello, el proyecto propone incorporar un nuevo artículo 18 ter a la Ley N°20.027, estableciendo que las facultades de la Tesorería General de la República para suscribir convenios y otorgar facilidades de pago deberán regirse por criterios de proporcionalidad, razonabilidad y capacidad económica efectiva del deudor.

Entre las medidas concretas, se plantea permitir regímenes diferenciados para personas con ingresos inferiores a $5 millones mensuales y exigir que el cálculo de cuotas y pie inicial considere ingresos, gastos y situación financiera real del deudor. Asimismo, se contempla la posibilidad de solicitar modificaciones al convenio cuando existan cambios sustanciales en la situación económica debidamente acreditados.

Finalmente, los autores de la iniciativa sostienen que el objetivo del proyecto es compatibilizar la recaudación fiscal con la realidad económica de cientos de miles de familias, evitando que los mecanismos de cobranza del CAE profundicen la desigualdad y la asfixia económica de sectores medios y vulnerables.

Vea texto mociónBoletín N°18228-04 y siga su tramitación aquí.