Ingresan reforma constitucional que obliga al Estado a resguardar la soberanía digital

Ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional Boletín N° 18.274-07, iniciado en moción de las senadoras Paulina Núñez y Paulina Vodanovic, junto a los senadores Iván Moreira, Manuel José Ossandón y Matías Vial, que propone incorporar en la Constitución Política una cláusula destinada a consagrar expresamente el deber del Estado de resguardar la “soberanía digital” de la República.

La iniciativa sostiene que, en el mundo contemporáneo, la soberanía estatal ya no se limita al control del territorio físico o de los recursos materiales, sino que se extiende crecientemente a infraestructuras, sistemas, redes y datos que operan en entornos digitales y de los cuales dependen funciones públicas, servicios esenciales y actividades económicas estratégicas.

Según exponen los autores del proyecto, la interrupción de sistemas digitales críticos, la pérdida de control sobre información estratégica o la dependencia tecnológica respecto de proveedores externos puede generar consecuencias “tan relevantes como aquellas derivadas de amenazas tradicionales a la seguridad del Estado”.

La moción define la soberanía digital como “la capacidad de la República para resguardar sus activos digitales estratégicos, proteger sus infraestructuras críticas, asegurar la continuidad de sus funciones esenciales y preservar márgenes suficientes de decisión autónoma frente a riesgos tecnológicos, cibernéticos o geopolíticos”. Asimismo, cita una definición de la Biblioteca del Congreso Nacional, que entiende este concepto como el “control e independencia de un país sobre sus activos digitales, incluidos datos, software, normas e infraestructuras”.

El proyecto advierte que la experiencia comparada demuestra que esta materia ha dejado de ser un asunto meramente técnico para transformarse en una dimensión relevante de la “seguridad nacional”, de la “resiliencia institucional” y de la “autonomía estratégica” de los Estados. En particular, señala que la concentración de servicios digitales y datos en proveedores externos puede generar “dependencias críticas difíciles de sustituir”.

La iniciativa también menciona recomendaciones impulsadas por la OCDE, organismo que ha promovido el fortalecimiento de capacidades estatales en materia de “gobierno digital, gestión de riesgos, seguridad, privacidad e interoperabilidad”, enfatizando que la transformación digital debe constituir no solo una herramienta de eficiencia administrativa, sino también una política pública orientada a resguardar “la confianza pública, la continuidad operacional y la seguridad de los sistemas”.

Asimismo, el texto alude al debate desarrollado en Europa sobre soberanía digital, señalando que la experiencia comparada ha evidenciado que no basta con dictar regulaciones si el Estado carece de instrumentos reales para proteger infraestructuras críticas, reducir dependencias tecnológicas estratégicas y preservar el control sobre activos digitales esenciales para su funcionamiento.

La moción reconoce que Chile ha avanzado en materias vinculadas a transformación digital, ciberseguridad, protección de datos y modernización estatal. Sin embargo, sostiene que la actual Constitución “no contiene una regla expresa que reconozca la soberanía digital como un ámbito de interés público superior”.

En ese contexto, los parlamentarios señalan que la reforma pretende “llenar ese vacío” mediante una “cláusula sobria y habilitante”, cuyo objetivo no es constitucionalizar una política tecnológica específica ni establecer soluciones rígidas frente a fenómenos tecnológicos cambiantes, sino entregar una base constitucional permanente para que el legislador pueda regular infraestructuras digitales críticas, datos estratégicos y activos tecnológicos cuya afectación comprometa intereses esenciales de la República.

La propuesta incorpora además un límite explícito al ejercicio de las potestades públicas en esta materia, estableciendo que cualquier actuación estatal deberá sujetarse a “la Constitución y las leyes” y respetar “los derechos fundamentales y las garantías” reconocidas por la Carta Fundamental. Según el proyecto, ello busca equilibrar adecuadamente la seguridad nacional, la continuidad institucional y la protección de las libertades públicas.

La idea matriz de la reforma consiste en “incorporar en la Constitución el deber del Estado de resguardar la soberanía digital de la República”, reconociendo la relevancia estratégica de las infraestructuras, sistemas y datos esenciales para la seguridad nacional y la continuidad institucional del país.

En concreto, el proyecto propone agregar un nuevo artículo “5° bis” en el Capítulo I de la Constitución Política de la República, estableciendo que “el Estado resguardará la soberanía digital de la República y velará por la seguridad, continuidad y resiliencia de las infraestructuras, redes, sistemas y datos estratégicos relevantes para la seguridad nacional, el funcionamiento regular de las instituciones del Estado y la continuidad de los servicios esenciales”.

La reforma agrega además que “la ley establecerá estatutos especiales respecto de las infraestructuras digitales críticas y demás activos tecnológicos cuya afectación, interrupción o pérdida de control pueda comprometer gravemente la seguridad de la Nación o la continuidad institucional del Estado”.

Finalmente, el proyecto dispone que “el ejercicio de las potestades públicas en estas materias deberá sujetarse a la Constitución y las leyes, y respetar los derechos fundamentales y las garantías que esta Constitución asegura”.

Vea texto moción Boletín N° 18274-07 y siga su tramitación aquí.