Gobierno propone fortalecer facultades de la Contraloría y endurecer sanciones a funcionarios públicos

El Mensaje del Presidente de la República contenido en el Boletín N° 17927-06, introduce modificaciones a la ley de la Contraloría General de la República y a las normas sobre responsabilidad administrativa, con el fin de modernizar las herramientas de control, reforzar el principio de probidad y fortalecer los mecanismos disciplinarios aplicables a funcionarios y autoridades públicas.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia Nacional de Integridad Pública y en las reformas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer los estándares de transparencia. El Mensaje destaca que, durante la actual administración, se han promulgado diversas normas orientadas a reforzar la integridad estatal, y que este proyecto recoge además propuestas formuladas por la Contraloría y por parlamentarios en mociones transversales.

El texto resalta el rol histórico de la Contraloría General de la República como órgano clave del sistema anticorrupción, y señala la necesidad de actualizar su marco normativo para enfrentar los desafíos derivados de la modernización del Estado, la transformación digital y el manejo masivo de datos.

Entre las modificaciones propuestas, se encuentra la facultad de requerir bases de datos completas a los órganos de la Administración, y de solicitar directamente información financiera y bancaria a instituciones supervisadas, con el fin de agilizar los procesos de fiscalización y mejorar la detección de irregularidades. Asimismo, se establece la obligación de que los servicios públicos reporten mensualmente a la Contraloría los saldos de todas sus cuentas institucionales.

El proyecto incorpora también nuevas reglas para asegurar la responsabilidad administrativa, permitiendo que la Contraloría inicie y tramite sumarios respecto de funcionarios que hayan cesado en sus cargos dentro de los seis meses previos, eliminando la posibilidad de evitar sanciones mediante renuncia. Se establece un catálogo uniforme de sanciones para exfuncionarios, incluyendo multas e inhabilidades para ejercer cargos públicos.

Asimismo, se propone modernizar los procedimientos disciplinarios, incorporando expedientes electrónicos y la realización preferente de diligencias por medios digitales. El texto también consagra legalmente al Centro de Estudios de la Administración del Estado como parte de la orgánica de la Contraloría.

La iniciativa modifica además el Estatuto Administrativo general, el Estatuto Municipal, la normativa aplicable a Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer la responsabilidad de autoridades y funcionarios en todos los niveles del Estado. Adicionalmente, habilita a la Contraloría para requerir la remoción de alcaldes y gobernadores ante los tribunales electorales cuando se constaten infracciones graves al principio de probidad o hechos que puedan constituir notable abandono de deberes.

El informe financiero del proyecto estima un mayor gasto fiscal asociado principalmente a la contratación de personal especializado y a gastos operativos necesarios para implementar las nuevas facultades, especialmente en materia de fiscalización digital y procesamiento de información bancaria.

El proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional, pasó para su estudio e informe a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y a la Comisión de Hacienda en lo que corresponda, de la Cámara de Diputadas y Diputados. La Cámara accedió a solicitud de fusionar el proyecto de ley con las mociones ya refundidas, boletines 17621-06 y 17666-06.

Vea texto del mensaje Boletín Nº 17927-06 y siga su tramitación aquí.