Tribunal avanza en liquidación forzosa de notaria Valeria Ronchera por deuda superior a $214 millones con Primus

La situación financiera de la notaria Valeria Ronchera Flores llegó a un punto decisivo luego que el 6° Juzgado Civil de Santiago avanzara en el procedimiento de liquidación forzosa solicitado por Primus Capital, acreedor que reclama el pago de una deuda superior a los $214 millones.

La audiencia inicial del procedimiento concursal fue encabezada por la jueza Rommy Müller y contó con la participación de representantes del factoring y de la defensa de la notaria. En dicha instancia, el tribunal rechazó los planteamientos formulados por la representación de Ronchera y resolvió continuar con la tramitación del proceso, ordenando la dictación de la resolución de liquidación una vez que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento remita la nómina correspondiente de liquidadores.

La resolución representa un revés para la titular de la Décima Notaría de Santiago, quien desde hace años mantiene una controversia judicial con Primus en torno a diversas obligaciones financieras derivadas de operaciones de factoring celebradas antes de la crisis económica que afectó a su negocio.

La defensa: un proyecto que se derrumbó entre el estallido social y la pandemia

Con el objeto de explicar las circunstancias que dieron origen a la insolvencia, el abogado José Garrao presentó antecedentes sobre la trayectoria profesional y empresarial de su representada.

Según expuso, Ronchera ingresó al Poder Judicial en 1996 como relatora suplente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Posteriormente fue designada notaria titular de San Miguel y, desde 2010, ejerce como titular de la Décima Notaría de Santiago.

La defensa sostuvo que el origen de los problemas económicos se encuentra en una inversión realizada durante 2019, cuando Ronchera decidió emprender en el rubro gastronómico mediante la instalación de una cafetería ubicada en calle Agustinas, en las cercanías de la notaría.

Para financiar el proyecto se habrían celebrado operaciones de factoring con Primus por aproximadamente $150 millones.

El local fue habilitado, equipado y dotado de personal para iniciar sus actividades el 21 de octubre de 2019. Sin embargo, la apertura se produjo apenas tres días después del estallido social.

En el escrito presentado al tribunal, Garrao afirmó que «el estallido social constituye el primer hecho sobreviviente que alteró la base económica del proyecto», argumentando que las alteraciones que afectaron al centro de Santiago impactaron directamente la viabilidad comercial de la cafetería.

A juicio de la defensa, cuando el negocio aún intentaba recuperarse, debió enfrentar una segunda contingencia de gran magnitud: la pandemia de Covid-19.

Las restricciones sanitarias y la disminución de la actividad económica golpearon especialmente a los negocios vinculados a la atención presencial, profundizando las dificultades financieras del proyecto.

El impacto de una resolución judicial

El abogado también sostuvo que la situación se agravó en septiembre de 2020, cuando una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la notaria «abstenerse de utilizar el sistema computacional implementado en su oficio para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza».

Según la defensa, dicha decisión tuvo consecuencias económicas relevantes.

«La decisión tuvo el efecto material directo de impedir a mi representada continuar prestando atención remota a usuarios en el contexto de las restricciones entonces vigentes, agravando significativamente la caída de ingresos profesionales», sostuvo Garrao ante el tribunal.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, la combinación del estallido social, la pandemia y las limitaciones que afectaron el funcionamiento de la notaría terminó por hacer inviable la continuidad de la cafetería.

El negocio finalmente cerró sus puertas, se puso término a los contratos de trabajo de sus dependientes y el inmueble fue restituido a sus propietarios.

La defensa añadió que, pese a las dificultades, Ronchera solicitó diversas prórrogas para cumplir sus obligaciones financieras y efectuó pagos por concepto de intereses que, según afirma, superaron los $20 millones.

La controversia con Primus

La disputa entre la notaria y el factoring se arrastra desde hace varios años.

Primus sostiene que mantiene créditos impagos que actualmente superan los $214 millones y que se encuentran respaldados por pagarés que dieron origen a distintos procedimientos ejecutivos.

Por su parte, la defensa ha cuestionado la validez de algunos de esos documentos y ha promovido acciones judiciales para impugnar su eficacia.

La propia Ronchera abordó el conflicto señalando: «Soy una deudora que siempre he enfrentado todo y he tratado de cumplir mis obligaciones».

Sin embargo, sostuvo que mantiene una controversia respecto de la documentación utilizada para exigir el pago de las obligaciones.

«Tomé la decisión de ir a los tribunales y demostrar que soy víctima de esto. A la empresa que me está ejecutando le sirven antecedentes que son falsos para ejercer acciones criminales y esos mismos documentos le sirven para ejercer las acciones civiles de cobro. Un título o es falso o es verdadero. Y en eso estoy demandando civilmente», afirmó.

En presentaciones anteriores, la defensa también ha sostenido que existirían documentos «ideológicamente falsos» y ha acusado que «mi representada se desangró pagando intereses sobre intereses exorbitantes».

Otros frentes judiciales

La situación de Ronchera no se limita al procedimiento impulsado por Primus.

Durante este año, el abogado Luis Alberto Aninat solicitó ante la Corte de Apelaciones de Santiago la remoción de la notaria por presuntas irregularidades relacionadas con una operación inmobiliaria vinculada a un inmueble ubicado en Zapallar, cuyo valor bordearía los $1.600 millones.

A ello se suma una segunda solicitud de liquidación forzosa presentada recientemente por el empresario inmobiliario Mauricio Truan Alonso, quien reclama el pago de una deuda cercana a los $418 millones.

Mientras continúan las distintas controversias judiciales, la Décima Notaría de Santiago permanece bajo la administración de su suplente, Cristián Ortiz, debido al permiso administrativo que actualmente mantiene la ministra de fe.

En tanto, el procedimiento iniciado por Primus seguirá avanzando conforme a las reglas establecidas en la Ley N°20.720 sobre Insolvencia y Reemprendimiento, proceso que determinará si finalmente se concreta la liquidación forzosa de la empresa asociada a la notaria y la realización de sus activos para satisfacer las acreencias de sus distintos acreedores.