No se puede condicionar la atención médica de un paciente en situación de urgencia a la firma de un pagaré

La Corte de Apelaciones Santiago rechazó el reclamo interpuesto por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en contra de la Superintendencia de Salud que le impuso una multa de 700 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por haber condicionado la atención médica de una paciente en situación de urgencia a la firma de un pagaré en mayo de 2020.

El Hospital Clínico argumentó en su reclamo:

Vulneración del derecho a defensa: Alegó que no tuvo acceso oportuno al expediente completo del reclamo, lo que limitó su capacidad de defensa.

Desproporción de la multa: Sostuvo que la sanción de 700 UTM era excesiva, considerando el contexto de la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos realizados por el hospital durante ese período.

Errores en la fundamentación: Adujo que existían errores y contradicciones en la fundamentación de la resolución sancionatoria.

Subsidiariamente, pidió que se declare la imposibilidad material de continuar el procedimiento administrativo sancionador, alegando que se había excedido el plazo legal de 6 meses para su tramitación.

La Superintendencia de Salud sostuvo lo siguiente:

Sobre el derecho a defensa: El hospital contaba con todos los documentos relevantes del proceso de reclamo. Pudo impugnar debidamente los actos administrativos. No solicitó ampliación de plazo para presentar descargos.

Sobre la proporcionalidad de la multa: La ley otorga a la Superintendencia la facultad de determinar el monto de la multa dentro del rango establecido.

Sobre la caducidad del proceso: La caducidad o decaimiento del proceso no tiene base legal, sino que es una creación jurisprudencial.

El recurso de reclamación carece de mérito, desde que la actuación de la Superintendencia se ajustó a la normativa vigente y a sus facultades.

La Corte rechazó el reclamo del Hospital Clínico basándose en los siguientes argumentos:

Legalidad del procedimiento: Consideró que el procedimiento administrativo sancionatorio se realizó «con arreglo a la legalidad vigente, sin infringir normas legales ni reglamentarias».

No vulneración del derecho a defensa: Determinó que no hubo infracción al derecho de defensa del recurrente, puesto que el hospital no hizo uso de su derecho a solicitar una ampliación de plazo según el artículo 26 de la Ley N°19.880 “si estimaba que requería de ello para hacer mejor valer su defensa».

Antecedentes del caso: La Corte recordó que el procedimiento sancionatorio se basó en una infracción previamente determinada y confirmada en todas las instancias administrativas y judiciales.

Proporcionalidad de la multa: Se consideró que la multa aplicada era proporcional a la infracción cometida por el Hospital Clínico.

Además, la sentencia pone de relieve que la infracción ya había sido confirmada en instancias administrativas y judiciales previas, incluyendo un fallo de la Corte Suprema. El fallo señala que: «No puede olvidarse que el procedimiento sancionatorio tiene su precedente en una infracción determinada por la autoridad que acogió una reclamación particular, confirmada por todas las instancias procesales administrativas y jurisdiccionales». Así, estas confirmaciones previas refuerzan la validez de la infracción que dio origen a la sanción, dificultando cualquier intento de cuestionar la existencia misma de la infracción en el procedimiento sancionatorio actual.

Concluyó que estos argumentos eran «fundamento suficiente para rechazar el recurso interpuesto».

Vea sentencia Corte de Santiago Rol Nº 13-2025 (Contencioso-Administrativo).