Corte Suprema revisa ingreso automatizado de más de 38 mil escritos que sobrecargó tribunales civiles

La utilización de herramientas automatizadas para realizar gestiones judiciales abrió un nuevo foco de preocupación en el Poder Judicial, luego de que un abogado ingresara más de 38 mil escritos en tribunales civiles de todo el país durante un periodo inferior a tres días.

La situación fue analizada este martes 28 de julio por el pleno extraordinario de la Corte Suprema, que solicitó al Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial un informe técnico para determinar cómo se produjo la carga masiva, cuál fue su impacto efectivo sobre los sistemas institucionales y qué medidas pueden adoptarse para impedir que un episodio similar vuelva a ocurrir.

La alerta fue planteada por el Comité de Jueces Civiles de Santiago mediante un oficio dirigido a la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich. El documento fue suscrito por la jueza del Decimoséptimo Juzgado Civil de Santiago, Rocío Pérez Gamboa, quien expuso que la cantidad de presentaciones detectadas superó ampliamente la capacidad habitual de procesamiento de los tribunales.

De acuerdo con la información comunicada por el Sistema Informático de Tramitación de Causas Civiles, el ingreso comenzó el sábado 25 de julio. Hasta las 11:30 horas del lunes 27 se habían contabilizado 38.477 escritos, equivalentes a entre 500 y 900 presentaciones por tribunal. La mayoría correspondía a solicitudes de desarchivo y renuncias de patrocinio y poder en causas civiles.

La magnitud de la operación generó una sobrecarga que no se limitó al funcionamiento informático. Cada presentación debía ser incorporada a una causa determinada, revisada y posteriormente tramitada por el personal y los jueces correspondientes.

En su oficio, el comité advirtió que los tribunales no disponían de los medios suficientes para absorber repentinamente ese volumen de trabajo. “No contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia”, señalaron los magistrados.

La presentación también sostuvo que la carga automatizada habría afectado el ambiente y la organización interna de los juzgados, al obligar a destinar funcionarios a la revisión de miles de solicitudes generadas durante pocas horas.

El uso de un “agente externo”

Según los antecedentes comunicados desde el centro de atención de la Oficina Judicial Virtual, el abogado Paul Andrés Chateau Undurraga habría explicado que anteriormente prestaba servicios a distintas entidades y que, tras finalizar esos vínculos profesionales, debía renunciar al patrocinio y poder en las causas en que continuaba registrado.

Entre los antiguos clientes mencionados en el reporte figuran Santander, Caja Los Andes, CAT Cencosud y Los Parques Cementerio. Para efectuar las renuncias, el profesional habría utilizado un “agente externo” o robot, evitando presentar manualmente cada escrito en las respectivas causas.

El abogado fue contactado por uno de los medios que informó sobre el caso, pero declinó formular declaraciones públicas y señaló que estaba abordando directamente la situación con la Corte Suprema.

Aunque inicialmente distintas publicaciones atribuyeron el episodio al uso de inteligencia artificial, los antecedentes públicos disponibles solo permiten establecer, hasta ahora, la utilización de una herramienta automatizada o robot. El informe solicitado por el máximo tribunal deberá precisar sus características técnicas y determinar si efectivamente operaba mediante inteligencia artificial.

Posible abuso procesal

Para el Comité de Jueces Civiles, lo ocurrido no representa únicamente un problema informático. Los magistrados estimaron que el ingreso masivo podría constituir un uso abusivo de las herramientas tecnológicas y eventualmente configurar una forma de abuso procesal.

La Ley N°20.886, que regula la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, establece el principio de buena fe para las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan mediante los sistemas informáticos. La misma disposición ordena a los jueces prevenir, corregir y, cuando corresponda, sancionar las conductas que impliquen fraude, abuso procesal, actuaciones dilatorias o comportamientos contrarios a la buena fe.

La legislación también dispone que las demandas y escritos deben presentarse electrónicamente mediante el sistema de tramitación del Poder Judicial. Sin embargo, que la plataforma permita efectuar una actuación no excluye la obligación de utilizarla de manera compatible con la buena fe procesal y con el correcto funcionamiento del servicio judicial.

Sobre esa base, los jueces solicitaron mantener restringido el acceso del abogado, requerirle un informe sobre lo ocurrido y examinar la existencia de eventuales responsabilidades disciplinarias o penales. También pidieron evaluar el ejercicio de las atribuciones disciplinarias contempladas en el Código Orgánico de Tribunales.

Bloqueo de la dirección IP

Como primera medida técnica, la Corporación Administrativa del Poder Judicial bloqueó la dirección IP desde la cual se habrían efectuado las presentaciones. Posteriormente, la Dirección de Comunicaciones de la institución informó que la Oficina Judicial Virtual y el sitio web del Poder Judicial se encontraban funcionando normalmente.

Esta información obliga a distinguir entre la sobrecarga denunciada por los tribunales civiles y una caída general y permanente de las plataformas. Mientras algunos medios describieron el episodio como un colapso del sistema, la información institucional disponible señala que el servicio recuperó su funcionamiento tras la restricción técnica aplicada.

El oficio pidió mantener esa limitación mientras se resuelve el asunto e incorporar mecanismos que permitan identificar y frenar operaciones automatizadas. Entre las alternativas propuestas figura la implementación de sistemas CAPTCHA, destinados a verificar que quien realiza una gestión sea una persona y no un programa informático.

Los jueces también solicitaron adoptar medidas contra la extracción masiva de información desde las plataformas judiciales, una práctica distinta del ingreso automatizado de escritos, pero que plantea riesgos similares para la estabilidad del sistema y la protección de los datos contenidos en las causas.

Solicitud de prohibición temporal

Una de las peticiones más amplias del comité fue prohibir el uso de inteligencia artificial para ingresar escritos mientras no exista una política institucional clara sobre el control y utilización de estas tecnologías.

La solicitud se produce en momentos en que el Poder Judicial se encuentra precisamente elaborando ese marco. El Plan Estratégico 2026-2030, aprobado por el pleno de la Corte Suprema en junio, incluyó entre sus iniciativas prioritarias para este año la definición de una Política Institucional de Inteligencia Artificial.

La presidenta de la Corte Suprema había reconocido semanas antes la necesidad de actuar con cautela. “La inteligencia artificial ha ido permeando e incorporándose en diversas áreas, y una de ellas es la justicia”, afirmó Gloria Ana Chevesich durante una reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

En esa oportunidad, la magistrada enfatizó que la tecnología puede colaborar en labores automáticas, pero que “la labor jurisdiccional es netamente del juez”. También indicó que la inteligencia artificial debe funcionar como una herramienta de apoyo y no como sustituto de la responsabilidad humana en las decisiones judiciales.

El debate no se limita al uso interno de estos sistemas por jueces y funcionarios. El Colegio de Abogados de Chile publicó el 15 de julio una guía aplicable al uso de inteligencia artificial en las distintas etapas del ejercicio profesional, incluidas la representación judicial, el litigio y la redacción de escritos.

El episodio de los 38.477 escritos incorpora ahora una dimensión distinta: incluso cuando el contenido de una presentación sea legítimo, la automatización a gran escala puede trasladar una carga desproporcionada hacia los tribunales, afectar la continuidad del servicio y obligar a revisar los mecanismos de acceso a la justicia digital.

El informe de la Corporación Administrativa será determinante para establecer si existieron fallas de seguridad, incumplimientos de las condiciones de uso o consecuencias técnicas más amplias. Una vez recibido ese antecedente, el pleno de la Corte Suprema deberá resolver si mantiene las restricciones, inicia procedimientos disciplinarios o establece reglas generales para el empleo de robots e inteligencia artificial en la Oficina Judicial Virtual.