Corte de Santiago rechaza reclamo de concesionaria y confirma orden del CPLT de entregar informes de concesión de obra vial

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por una sociedad concesionaria en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT), que había acogido un amparo por denegación de acceso a la información y ordenado la entrega de diversos informes vinculados al contrato de concesión de una obra pública vial.

El reclamo fue deducido por la concesionaria en contra de la Decisión de Amparo Rol N° C4221-2025, mediante la cual el CPLT ordenó a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas entregar al solicitante copia de informes mensuales y trimestrales de nivel de servicio, planes de conservación, programas anuales y antecedentes técnicos relativos a indicadores de desempeño, todos elaborados en el marco del contrato de concesión vial. La reclamante sostuvo que dicha información tenía carácter confidencial y que su divulgación afectaría sus derechos comerciales y económicos, invocando la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

El Consejo para la Transparencia solicitó el rechazo del reclamo, argumentando que la información requerida es pública, por cuanto fue elaborada por un particular pero puesta en poder de un órgano de la Administración del Estado para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y que la concesionaria no acreditó de manera suficiente la afectación de derechos económicos o comerciales que justificaría la reserva.

En igual sentido, el tercero solicitante de la información sostuvo que los antecedentes pedidos corresponden a informes que obran en poder del Ministerio de Obras Públicas y que su entrega responde al principio constitucional de transparencia.

La Corte de Santiago desestimó el reclamo y señaló que la información solicitada tiene carácter público conforme al artículo 8° de la Constitución y a los artículos 5° y 10 de la Ley N° 20.285, al obrar en poder de la Administración y servir de fundamento directo para la fiscalización del contrato de concesión. Asimismo, concluyó que la causal de reserva invocada no fue acreditada, toda vez que la concesionaria no demostró de qué manera concreta la divulgación de los antecedentes afectaría su posición competitiva en el mercado.

En su razonamiento, la Corte sostuvo que la sola invocación de la causal de reserva es insuficiente, puesto que el titular debe acreditar la posible afectación de sus derechos comerciales y económicos, lo que no acaeció en la especie.

Agregó que la información cuya entrega fue ordenada no puede considerarse secreta ni reservada por el solo hecho de referirse a la gestión empresarial del concesionario, desde que fue entregada a la autoridad pública en cumplimiento de obligaciones contractuales y legales.

El tribunal también descartó que resultara aplicable una causal de reserva distinta a la alegada en sede administrativa, precisando que el reclamo de ilegalidad constituye un recurso de derecho estricto, limitado a examinar la legalidad de la decisión del CPLT conforme a los antecedentes debatidos ante dicho órgano, no siendo procedente introducir nuevas causales en sede judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad, confirmando íntegramente la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó la entrega de la información solicitada, sin condena en costas.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N° 700-2025 (Contencioso Administrativo).