Corte confirma expulsión de ciudadana peruana condenada por abuso sexual reiterado contra menor de 7 años

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo judicial de expulsión interpuesto por una ciudadana peruana en contra del Servicio Nacional de Migraciones, confirmando la resolución que ordenó su expulsión del territorio nacional tras haber sido condenada por el delito de abuso sexual reiterado de persona menor de 14 años.

La controversia se originó a partir de la Resolución Exenta, de 17 de agosto de 2023, mediante la cual el Servicio Nacional de Migraciones decretó la expulsión de la recurrente en virtud de la causal contemplada en los artículos 128 N° 2 y 32 N° 5 de la Ley N° 21.325.

La reclamante sostuvo que la medida era improcedente, argumentando que ingresó regularmente a Chile en 2007, obtuvo permanencia definitiva, cumplió íntegramente la condena penal que le fue impuesta y desarrolló una actividad empresarial en el país. Asimismo, alegó que mantenía arraigo familiar en Chile a través de su hermana y sobrinas, y que la autoridad no habría ponderado adecuadamente las circunstancias previstas en el artículo 129 de la Ley de Migración y Extranjería.

La recurrente sostuvo que la expulsión resultaba desproporcionada, considerando su prolongada residencia en el país, la inexistencia de infracciones migratorias previas y su proceso de rehabilitación e inserción social posterior al cumplimiento de la pena. En su concepto, la autoridad migratoria omitió valorar debidamente estos antecedentes al momento de adoptar la medida expulsiva.

Por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones defendió la legalidad de la resolución impugnada, señalando que el procedimiento sancionatorio se ajustó plenamente a la normativa vigente y que la decisión fue adoptada tras ponderar los descargos formulados por la extranjera y los factores exigidos por el artículo 129 de la Ley N° 21.325. Destacó, además, la extrema gravedad de los hechos que motivaron la condena penal, consistentes en abusos sexuales reiterados cometidos contra un menor de siete años de edad, así como la insuficiencia del arraigo familiar invocado para desvirtuar la procedencia de la expulsión.

Al resolver, la Corte de Santiago recordó que su función consiste en revisar la legalidad y razonabilidad de la decisión administrativa, verificando si se han respetado las garantías de la persona afectada. En ese contexto, concluyó que la causal legal de expulsión se encontraba plenamente configurada y que el procedimiento se desarrolló con estricto respeto al debido proceso, permitiendo a la reclamante ejercer oportunamente su derecho a formular descargos.

Asimismo, la sentencia estableció que la autoridad migratoria ponderó adecuadamente los factores exigidos por la ley, otorgando especial relevancia a la gravedad de los delitos cometidos. En tal sentido, el tribunal destacó que “la comisión de un ilícito penal de extrema gravedad, como lo es el abuso sexual infantil, fractura de forma irremediable dicho compromiso, justificando plenamente que la autoridad administrativa, en resguardo del bienestar común, el orden público y la protección de los menores de edad, decida revocar el permiso de residencia y ordenar su expulsión”.

La Corte añadió que el vínculo invocado con su hermana y sobrinas no corresponde al núcleo familiar directo especialmente protegido por la legislación migratoria para efectos de impedir una expulsión y que el cumplimiento íntegro de la condena penal no extingue las consecuencias administrativas derivadas de la permanencia de un extranjero en el país, por tratarse de ámbitos jurídicos distintos.

En mérito de lo expuesto, la Corte de Santiago rechazó íntegramente el reclamo judicial de expulsión deducido por la ciudadana peruana, confirmando la legalidad de la Resolución Exenta del Servicio Nacional de Migraciones que dispuso su expulsión del territorio nacional.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°634-2026 (Contencioso Administrativo).