Judicial
Accidente fatal
Condenan a 5 años de cárcel a conductor ebrio que provocó la muerte de una joven en Talcahuano
El Tribunal Oral impuso además la inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados y ordenó el comiso del automóvil involucrado en el accidente. La sentencia consideró especialmente el impacto que la tragedia tuvo sobre la familia de la víctima.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó a cinco años de presidio al autor de un delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, por un accidente de tránsito registrado en mayo de 2025 en Talcahuano que tuvo consecuencias fatales y motivó una sanción fijada en atención a la mayor extensión del mal causado.
La resolución fue pronunciada de manera unánime por las magistradas Nancy Vargas Bustamante, Mirentxu San Miguel Bravo y Antonia Flores Rubilar, quienes establecieron que el acusado actuó bajo la influencia de una elevada concentración de alcohol al momento del accidente y que dicha circunstancia fue determinante en la producción del resultado fatal.
Junto con la pena privativa de libertad, el tribunal dispuso que el condenado cumpla un año de prisión efectiva antes de acceder al régimen de libertad vigilada intensiva por el tiempo restante de la sanción. Asimismo, se le impuso una multa de cinco Unidades Tributarias Mensuales, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer derechos políticos, la inhabilitación para cargos y oficios públicos mientras dure la condena y la prohibición perpetua para conducir vehículos motorizados.
La sentencia también ordenó el comiso definitivo del automóvil que conducía al momento de los hechos.
De acuerdo con los antecedentes acreditados durante el juicio, el accidente ocurrió cerca de las cinco de la madrugada del 30 de mayo de 2025 en la Ruta 154, a la altura de la sede de Inacap en Talcahuano. En ese momento, Contreras Ramírez conducía en dirección a Concepción con una alcoholemia de 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.
Según estableció el tribunal, el estado de ebriedad del acusado, sumado a la velocidad a la que se desplazaba, provocó que perdiera el control del vehículo, cruzara la calzada y colisionara primero contra un poste del alumbrado público. Posteriormente, por efecto de la proyección del impacto, chocó violentamente contra el automóvil conducido por la víctima.
Las lesiones sufridas por la conductora resultaron incompatibles con la vida. La joven falleció a consecuencia de un politraumatismo provocado por la magnitud del accidente.
Uno de los aspectos más relevantes considerados por el tribunal al momento de fijar la sanción fue la denominada “mayor extensión del mal causado”, criterio previsto en el artículo 69 del Código Penal para graduar la pena dentro del marco legal aplicable.
En ese sentido, las magistradas recogieron el impacto que la muerte de la víctima generó en su núcleo familiar. La sentencia destaca que sus cercanos debieron recibir apoyo psicológico y psiquiátrico para enfrentar las consecuencias de la tragedia.
Asimismo, el fallo señala que el sufrimiento se vio agravado por las condiciones en que quedó el vehículo de la víctima. Las juezas consignaron que las fotografías exhibidas durante el juicio mostraban el automóvil “completamente destrozado en el área del conductor”, circunstancia que contribuyó a profundizar el daño emocional experimentado por la familia.
La resolución también hace referencia al testimonio prestado por la madre de la víctima, quien relató el dolor provocado por la imposibilidad de realizar despedidas y rituales funerarios normales debido a las graves lesiones corporales sufridas por su hija.
“Se constata que el fallecimiento de la joven víctima afectó a todo su grupo familiar”, sostiene la sentencia, agregando que dicha afectación fue considerada para aplicar la pena en su máximo dentro del tramo correspondiente.
Con estos antecedentes, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción concluyó que la gravedad de los hechos y las consecuencias ocasionadas justificaban una sanción ejemplificadora, reafirmando la responsabilidad penal del acusado por un delito que continúa figurando entre las principales causas de muerte asociadas a siniestros viales en el país.
