Gonzalo Álvarez Seura: «Modernización Judicial, el reto de transformar la tecnología en confianza ciudadana”.

Por Felipe Hidalgo Luppichini, UCEN

La transformación digital del Poder Judicial se ha convertido en uno de los principales desafíos institucionales de los sistemas democráticos contemporáneos. En un escenario marcado por la sobrecarga de causas, la creciente demanda ciudadana por respuestas oportunas y la expansión acelerada de herramientas de inteligencia artificial, el debate ya no se limita únicamente a la eficiencia operativa, sino también a la legitimidad y confianza que las instituciones judiciales son capaces de proyectar frente a la ciudadanía.

En Chile, la incorporación de tecnologías aplicadas a la administración de justicia ha abierto interrogantes cada vez más complejas sobre automatización, transparencia algorítmica, acceso universal, ciberseguridad y supervisión humana de los sistemas inteligentes. Mientras algunos advierten el riesgo de profundizar brechas digitales o trasladar sesgos estructurales al plano automatizado, otros sostienen que estas herramientas podrían transformarse en un mecanismo decisivo para acercar la justicia a sectores históricamente excluidos y modernizar procesos que hoy enfrentan altos niveles de congestión.

Sobre estos desafíos reflexiona Gonzalo Álvarez Seura, abogado, Doctor en Derecho, académico de la Universidad Central de Chile y director ejecutivo de Tech-Law AI, primer laboratorio especializado en inteligencia artificial aplicada al ámbito legal y la seguridad. Con estudios avanzados en transformación digital en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y en IA Generativa por la Universidad de Salamanca, el especialista analiza las oportunidades y riesgos de la modernización tecnológica del Poder Judicial, abordando materias como automatización de procesos judiciales, supervisión humana significativa, sesgos algorítmicos y formación de los abogados frente a la irrupción de nuevas tecnologías.

En esta entrevista, el académico sostiene que la implementación de herramientas digitales no debe entenderse únicamente como un mecanismo de eficiencia, sino también como una oportunidad para fortalecer la transparencia, el acceso a la justicia y la legitimidad democrática del sistema judicial chileno.

1. La oportunidad histórica

Profesor, se suele hablar de la «crisis de confianza» en las instituciones. A su juicio, ¿puede la tecnología ser el motor que transforme el sistema judicial en un servicio más transparente y, por tanto, más confiable para el ciudadano común?

La crisis de confianza en las instituciones no es un fenómeno abstracto: se materializa en cada ciudadano que espera meses —a veces años— por una respuesta judicial a un problema que le afecta hoy. Según la Cuenta Pública del Poder Judicial 2026, ingresaron 2.857.091 causas nuevas en tramitación. Ese dato no es una estadística; es la descripción de un sistema que ha perdido la carrera contra su propia demanda. La tecnología puede ser un motor que ayude a eliminar los nudos críticos que generan desconfianza. Cuando un sistema puede decirle al ciudadano en segundos si su demanda cumple los requisitos formales, y en qué estado se encuentra su causa en tiempo real, eso genera confianza concreta, medible, cotidiana. La tecnología bien implementada transforma la caja negra institucional en un proceso visible. Y la visibilidad, en derecho, equivale a legitimidad.

2. La eficiencia al servicio de los derechos:

Usted lidera Tech-Law y ha explorado el impacto de la IA en el ámbito jurídico. ¿De qué manera la automatización de procesos simples podría permitir que nuestros tribunales se concentren en la labor que realmente exige humanidad y criterio judicial, fortaleciendo así la calidad de la justicia?

Esta pregunta me parece esencial porque invierte la lógica que habitualmente se usa en el debate público. Se suele presentar la eficiencia como un valor en tensión con la calidad de la justicia, como si acelerar implicara necesariamente superficializar. Yo sostengo exactamente lo contrario: la ineficiencia es, en sí misma, una forma de injusticia. En nuestro país casi 1/3 del total de las causas en tramitación en Chile son juicios ejecutivos de cobranza, la gran mayoría sin oposición del demandado. Son procesos donde no existe controversia jurídica real, donde el debate de fondo no requiere la sofisticación del análisis judicial. Sin embargo, consumen tiempo, recursos y energía del sistema exactamente igual que los casos complejos. El resultado es que un juez dedica buena parte de su jornada a validar formularios y computar plazos en lugar de razonar sobre el derecho. Creo que la implementación de un modelo híbrido inteligente —con automatización de la admisión, gestión de plazos y generación de borradores de sentencia para casos sin oposición— puede reducir notablemente los tiempos de tramitación en esa categoría de causas. Eso no es sustituir al juez: es devolverle al juez su función esencial. El juez no pierde poder; lo recupera, porque puede concentrar su criterio, su empatía y su formación jurídica en los casos donde genuinamente se disputan derechos.

3. El abogado del futuro:

A menudo existe el temor de que la IA deshumanice el derecho. ¿Cómo cree usted que la tecnología, bien aplicada, puede permitir que el abogado chileno —tanto en el sector público como privado— se libere de la carga administrativa para centrarse en la estrategia legal y la defensa de los derechos de sus clientes?

El temor a la deshumanización del derecho tiene una raíz legítima pero, en mi opinión, está mal diagnosticado. El riesgo no es que la IA humanice menos el derecho: el riesgo es que el abogado que no entiende la IA quede atrapado haciendo lo que la IA puede hacer, mientras pierde tiempo y valor en lo que sólo un ser humano puede hacer. El concepto de Legal Prompt Engineering —la habilidad de diseñar instrucciones precisas para que los sistemas de IA generen respuestas jurídicas útiles y exactas— es hoy una competencia emergente que los abogados deben desarrollar. El abogado que aprenda a colaborar con la IA no será reemplazado por ella; será exponencialmente más productivo que quien la ignore. La clave es entender que la IA no deshumaniza el derecho cuando está bien aplicada.

4. El reto de la inclusión:

Considerando su experiencia, ¿ve usted en la tecnología una herramienta capaz de cerrar la brecha de acceso a la justicia para quienes hoy se sienten excluidos (como migrantes o sectores vulnerables), o debemos ser cautos para no crear nuevas formas de exclusión digital?

Aquí debo ser honesto: tengo optimismo respecto al potencial, pero también preocupaciones reales que no podemos soslayar. La tecnología puede ser el puente de acceso a la justicia más poderoso que hayamos tenido; pero también puede construir una nueva muralla si no la diseñamos con intención inclusiva desde el principio. El potencial es enorme. Un agente IA jurídico automatizado de orientación puede guiar a una persona en situación de vulnerabilidad a través del proceso de denuncia sin que necesite pagar un abogado para dar el primer paso. Herramientas de texto simplificado pueden traducir el lenguaje judicial —que es notoriamente excluyente— a términos comprensibles para cualquier ciudadano. Pero el riesgo de la brecha digital existe y es grave. Si diseñamos sistemas que sólo funcionan con acceso a internet de alta velocidad, con dispositivos modernos y en español estándar, habremos digitalizado la exclusión en lugar de eliminarla. He visto implementaciones en la región donde la solución tecnológica fue diseñada por ingenieros sin consultar a los usuarios finales, y el resultado fue una herramienta brillante técnicamente que nadie usaba porque no se entendía. Mi posición es que la tecnología para la inclusión judicial debe diseñarse desde los márgenes hacia el centro, no al revés. Debe incorporar a migrantes, pueblos originarios, adultos mayores y personas con discapacidad no sólo como beneficiarios sino como co-diseñadores.

5. El llamado a la acción:

Si tuviera que definir el «norte» que el Poder Judicial debería seguir para abrazar esta revolución tecnológica sin perder su esencia democrática, ¿cuál sería el pilar fundamental que sostenga esta nueva etapa de modernización?

Si tuviera que identificar un único pilar que sostenga toda esta transformación sin que el Poder Judicial pierda su esencia democrática, diría que es la supervisión humana significativa. No como eslogan, sino como principio constitucional operativo. Permítame explicar por qué uso el adjetivo «significativa». En el mundo del derecho comparado, existe el riesgo que denomino el «sesgo de automatización»: el fenómeno por el cual un juez acepta la recomendación de un sistema de IA sin someterla a escrutinio crítico real, convirtiéndose no en un supervisor sino en un validador automático de lo que la máquina sugirió. El juez no se convierte en un robot; se convierte en lo que es peor: una marioneta que cree tener el control. La supervisión humana significativa implica que el juez comprenda qué datos procesó el sistema, qué lógica aplicó, cuáles son sus limitaciones y qué márgenes de error tiene. Sólo así puede ejercer un control real sobre la herramienta y no quedar preso de ella. Alrededor de ese pilar, el norte que propongo para el Poder Judicial incluye tres compromisos concretos: transparencia algorítmica —los ciudadanos tienen derecho a saber cuándo una herramienta de IA participó en una decisión que los afecta—; auditoría continua —los sistemas deben ser revisados periódicamente para detectar sesgos y errores antes de que se institucionalicen—; y formación permanente —jueces y funcionarios necesitan actualización constante en alfabetización digital para poder ejercer ese control de manera efectiva.

6. Retos de la Justicia Moderna:

Ante el avance de la modernización judicial, surge la preocupación por la creación de nuevas asimetrías o brechas digitales. En su opinión, ¿cómo podemos anticipar estos efectos adversos y qué soluciones proactivas propone para garantizar que la modernización sea un vehículo de cercanía y transparencia con la ciudadanía?

Este es quizás el plano donde más me preocupa la tendencia dominante en el debate público. Con frecuencia, cuando se habla de riesgos en la modernización judicial, se piensa en fallas técnicas: un sistema que cae, un expediente que se pierde. Pero los riesgos más profundos son de otra naturaleza y, precisamente por eso, más difíciles de detectar y corregir. En mi experiencia académica identifico al menos tres categorías de riesgo que debemos anticipar proactivamente. El primero es el sesgo algorítmico sistémico. Los sistemas de IA se entrenan con datos históricos que reflejan las decisiones del pasado. Si esas decisiones contenían sesgos —raciales, de género, socioeconómicos—, el algoritmo no sólo los aprende: los amplifica y les otorga una pátina de objetividad científica que no merecen. El caso COMPAS en Estados Unidos es el ejemplo más documentado: un sistema que clasificaba a personas de raza negra como de «alto riesgo» con el doble de frecuencia que a personas blancas en situaciones comparables. El segundo riesgo es lo que llamo el problema de la «caja negra». Una decisión que no puede ser explicada es, por definición, una decisión arbitraria. Si un ciudadano no puede entender por qué el sistema lo trató de determinada manera, no puede ejercer su derecho a defensa. La exigencia de IA explicable —lo que técnicamente se denomina XAI, Explainable AI— no es un capricho académico: es un requisito constitucional. El tercer riesgo, que pocas veces se menciona, es la ciberseguridad como pilar de la integridad judicial. Los tribunales que adoptan IA se exponen a nuevas vulnerabilidades: desde ataques de inyección de prompts —que pueden manipular el razonamiento del sistema— hasta el envenenamiento de las bases de datos jurisprudenciales, que sería el equivalente digital a reescribir los códigos en secreto durante la noche.

7. Formación y Ética:

Ante este cambio de paradigma, ¿cree que las facultades de Derecho en Chile están preparando a los futuros abogados para gestionar estos dilemas éticos y tecnológicos, o existe aún un divorcio entre la enseñanza tradicional del derecho y la realidad judicial digital?

El problema estructural es que nuestras facultades de derecho todavía forman abogados del siglo XX para ejercer en el siglo XXI. El currículum canónico sigue organizado alrededor de los códigos y la doctrina, con escasa o nula formación en ciencia de datos, ética algorítmica, ciberseguridad, o habilidades de interacción con sistemas de IA. El resultado es que un abogado recién egresado puede discutir la teoría del acto jurídico o el contrato, pero no sabe evaluar si el sistema que su cliente utiliza para firmar contratos cumple estándares mínimos de seguridad digital, ni puede detectar cuándo una IA está generando una «alucinación» jurídica —una respuesta plausible pero fácticamente falsa— en un documento que va a presentar al tribunal. El desafío ético es igualmente urgente. Los dilemas que plantea la IA en el derecho no tienen respuesta en los códigos de ética profesional actuales: ¿Cuál es la responsabilidad del abogado que usa IA sin verificar su output? ¿Puede un abogado usar un sistema predictivo para aconsejar a su cliente sobre la probabilidad de éxito de un litigio sin revelarle las limitaciones de ese sistema? ¿Qué ocurre cuando la IA que asesora al abogado accede a información confidencial del cliente? Lo que estamos construyendo en el Programa de IA y Legaltech en la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile es precisamente un puente entre esas dos orillas: una formación que no abandona el rigor jurídico clásico, pero que incorpora de manera transversal la comprensión de las tecnologías que ya están transformando la práctica del derecho.

8. La madurez del sistema:

Para finalizar, más allá de la disponibilidad tecnológica, ¿considera usted que el ecosistema judicial chileno —incluyendo a jueces, funcionarios y auxiliares de la administración de justicia— posee hoy la madurez cultural y técnica necesaria para este cambio, o corremos el riesgo de implementar herramientas de vanguardia en una estructura mental todavía anclada en el siglo XX?

Esta es la pregunta que más incomodidad genera en los foros, porque obliga a un diagnóstico honesto que muchas veces se evita por razones diplomáticas. Mi respuesta es que Chile tiene capacidad tecnológica instalada que no es despreciable —la Ley de Tramitación Electrónica fue una reforma pionera en la región— pero que la madurez cultural y técnica del ecosistema en su conjunto todavía presenta brechas importantes que no podemos ignorar. Tenemos jueces y funcionarios que comprenden perfectamente el potencial de las herramientas digitales, que las adoptan con entusiasmo y creatividad. Y tenemos —en el mismo sistema— estructuras mentalidades que perciben la tecnología como una amenaza a su rol, a su identidad profesional, o simplemente como un problema ajeno que otros deberán resolver. No basta con instalar sistemas; es necesario trabajar simultáneamente en la capacitación significativa —no talleres de dos horas que nadie recuerda a la semana siguiente—, en el rediseño de los procesos organizacionales para que la tecnología tenga sentido dentro de ellos, y en el liderazgo desde los niveles más altos del Poder Judicial, comenzando por la Corte Suprema.