Concejala de La Granja Ximena Palacios: “El deber del Estado es proteger a las mujeres y garantizar su dignidad frente a toda forma de violencia”

Por José Olivos, Universidad Católica Silva Henríquez

Ximena Palacios, concejala por la Ilustre Municipalidad de La Granja y presidenta de la Comisión de la Mujer, Diversidad y Género del mismo municipio, conversa sobre los avances y desafíos en materia de derechos de las mujeres, violencia de género y equidad en la gestión pública.

En esta entrevista, Palacios reflexiona sobre la Ley 21.675, la perspectiva de género en la educación, la participación política femenina y la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.

1. ¿Cómo valora usted la creación de la Ley 21.675 sobre violencia de género? ¿Considera que ha sido un avance real para las mujeres?

Sí, porque fortalece el deber del Estado de apoyar a las mujeres. La ley eleva el estándar de protección y amparo, resguardando a las mujeres de sufrir violencia física, política y económica, así como de la violencia asociada al derecho a decidir sobre su propio cuerpo, incluso al momento de abortar.

2. ¿Qué acciones concretas ha impulsado o apoyado desde el concejo para prevenir la violencia contra las mujeres en su comuna?

He respaldado activamente a las vecinas de La Granja. Como presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la municipalidad, trabajo junto a la DIDECO para apoyar a mujeres que sufren violencia. Además, viví personalmente violencia de género durante el periodo anterior, por parte del exalcalde de La Granja, Felipe Delpín. Fue una experiencia muy dolorosa, que refuerza mi compromiso por prevenir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.

3. ¿Apoya la implementación de perspectiva de género en la educación municipal? ¿Cómo se ha trabajado en eso?

Sí, la apoyo completamente. Considero fundamental incorporar la perspectiva de género en la educación, ya que es un círculo vicioso que debemos romper. He denunciado la violencia psicológica en ámbitos laborales y educativos, y creo que formar a niños y niñas en igualdad y respeto desde temprana edad es la base de una sociedad más justa.

4. ¿Qué opina sobre la Ley de Identidad de Género y su aplicación en menores de edad? ¿Ha habido casos en su comuna?

Reconozco plenamente el derecho a la identidad. Muchas veces se rectifica el sexo y los niños y niñas transgénero son discriminados. En La Granja este tema no ha avanzado mucho, pero debe ser abordado con dignidad y respeto a la diversidad humana. Sin embargo, también creo que se debe tener cuidado con los menores de edad, ya que en ciertas etapas aún no tienen claridad sobre lo que quieren; por eso, el acompañamiento psicológico y familiar es fundamental.

5. ¿Ha promovido políticas de cuota de género en cargos públicos o comisiones del concejo? ¿Por qué?

Sí, participo en la Comisión de Diversidad y Género que represento y trabajo desde la Oficina de Diversidad y Género de la Municipalidad de La Granja apoyando a las vecinas de la comuna. Las cuotas son necesarias para equilibrar una desigualdad histórica en la representación femenina en los espacios de poder.

6. ¿Qué opina sobre el acceso de las mujeres a cargos de decisión en la administración municipal? ¿Ha habido avances?

Existen barreras políticas, culturales y sociales que se arrastran desde hace décadas. Hoy en día no existe una ley de cuotas realmente equitativa; se intentó avanzar durante la discusión constitucional, pero sin éxito. Además, debemos velar por el respeto al principio de probidad con enfoque de género. Aunque hemos tratado de impulsar mejoras, las diferencias persisten: en La Granja nunca ha habido una alcaldesa mujer, lo que refleja claramente la deuda pendiente.

7. ¿Cómo se ha trabajado para que las mujeres accedan a una justicia efectiva en casos de violencia en su comuna?

Lamentablemente, en La Granja no contamos con una corporación de asistencia judicial fuerte ni con el apoyo suficiente. El número 1455 de orientación a la mujer es prácticamente lo único disponible, y existe un gran temor a denunciar. Es necesario crear más redes de apoyo legal y psicológico para que las mujeres se sientan seguras al buscar justicia.

8. ¿Qué opina sobre la despenalización del aborto en tres causales y su relación con los derechos de las mujeres? ¿Apoyaría ampliar esas causales?

Estoy de acuerdo con el aborto en tres causales, especialmente cuando la vida de la madre está en riesgo. También apoyo una futura propuesta de aborto total y seguro, porque una mujer de escasos recursos o víctima de violencia no puede ser obligada a mantener un embarazo producto del abuso. En mi vida personal fui madre a muy temprana edad, en un entorno rural sin recursos ni apoyo, y sé lo difícil que puede ser. Amo profundamente a mi hijo, pero también entiendo que cada mujer debe tener la libertad de decidir sobre su cuerpo y su futuro.

Contrapuntos a las ocho primeras preguntas: visión crítica y debate ciudadano

1. Aunque la ley es un avance, ¿no corre el riesgo de generar desconfianza en la ciudadanía si se interpreta como una ley ideológica o de género que no aplica igualdad ante la ley para todas las personas, incluidos los hombres?

La ley no quita derechos a los hombres; garantiza que las mujeres accedan a la misma protección que ya tenían los varones. La desigualdad existía antes: el 92 % de las denuncias por violencia intrafamiliar en La Granja son de mujeres. Si la ley parece “de género” es porque el problema es de género. Cuando bajen los femicidios y las agresiones, la ley será innecesaria; mientras tanto, es un deber constitucional proteger la vida e integridad de las mujeres.

2. ¿Cómo responde ante quienes cuestionan que se destinen recursos públicos preferentemente a mujeres, cuando la Constitución garantiza igualdad para todos sin distinción arbitraria?

No se privilegia a las mujeres, se corrige una desigualdad de hecho. El 100 % de los subsidios de vivienda y el 70 % de las licencias médicas por agresión en nuestra comuna los usan mujeres. Invertir en ellas es invertir en familias completas: cuando la mamá se recupera, los niños dejan de faltar a clases y se reduce la demanda al SERNAM. Igualdad no es repartir lo mismo, sino dar más a quien más lo necesita.

3. ¿Qué responde a quienes ven esta inclusión como una imposición ideológica, y cuestionan si se respeta el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, consagrado en la Constitución?

La perspectiva de género no es una ideología, es un enfoque educativo que ya aplica el MINEDUC en sus programas y textos escolares. Los padres siguen siendo los primeros educadores y pueden elegir escuelas sin ese enfoque si así lo desean. Pero la educación municipal tiene la obligación de no reproducir estereotipos ni prácticas que perpetúen la violencia o la discriminación. El derecho de los padres no es absoluto: está limitado por el derecho de los niños a una educación libre de sexismo.

4. ¿Cómo se garantiza que no se esté vulnerando el interés superior del niño ni la autonomía progresiva, cuando la ley permite la rectificación de sexo desde los 14 años sin intervención médica ni judicial obligatoria?

La identidad de género es tan personal como el nombre. El proceso no es automático: requiere un informe psicológico o psicosocial del establecimiento educacional y puede revertirse en cualquier momento. En La Granja no hemos tenido casos, pero existe un protocolo de convivencia que busca prevenir el bullying y proteger la salud emocional de los menores. El interés superior del niño implica no obligarlo a vivir en un cuerpo o identidad que le cause sufrimiento.

5. ¿Cómo justifica medidas de acción positiva que podrían interpretarse como discriminatorias hacia los hombres, si la Constitución prohíbe toda discriminación arbitraria, incluso por razón de sexo?

Las cuotas son medidas de acción positiva temporales, no un privilegio ni un límite para los hombres. En nuestro concejo hay ocho concejales, de los cuales solo dos son mujeres. Si aplicáramos la paridad, serían cinco y cuatro respectivamente. Mientras las mujeres representen el 50 % del padrón y solo el 20 % de los cargos políticos, estas medidas son razonables. El Tribunal Constitucional ha validado las cuotas cuando existe evidencia de desigualdad estructural.

6. ¿Qué responde a quienes cuestionan que se promueva la participación femenina por sobre la meritocracia, y ven riesgo de politización de los cargos públicos?

No se premia el género, se corrige el sesgo. Durante años los cargos se otorgaban por “confianza” política, sin concurso público. Hoy impulsamos procesos transparentes y valoramos también la experiencia comunitaria y de cuidado, que históricamente ha recaído en las mujeres. La meritocracia sin paridad solo perpetúa los privilegios.

7. ¿Cómo se evita que se abuse del sistema de denuncias, cuando la ley prohíbe la victimización secundaria pero también garantiza el derecho a la defensa del presunto agresor?

En La Granja solo se formaliza el 12 % de las denuncias, mientras el 88 % se archiva por falta de pruebas o por miedo de la víctima. El sistema ya cuenta con filtros judiciales y psicosociales. El derecho a la defensa del presunto agresor está plenamente garantizado; lo que no puede ocurrir es que las víctimas sean sometidas nuevamente a revictimización durante los procesos.

8. ¿Cómo responde a quienes plantean que ampliar el aborto vulnera el derecho a la vida del nasciturus, y que el Tribunal Constitucional podría declarar inconstitucional una ley más amplia, al no estar explícitamente protegido en la Constitución?

Ampliar las causales no significa instaurar el aborto libre, sino regular una realidad que ya existe. En La Granja ocurren al menos tres interrupciones clandestinas al mes que terminan en urgencias médicas. La discusión no es entre vida y no vida, sino entre aborto seguro y aborto riesgoso. Mientras la Constitución no establezca de forma expresa el momento desde el cual comienza la protección del nasciturus, el legislador tiene facultad para ampliar las causales sin vulnerar la Carta Fundamental.