Carolina Alfaro Rain: “Sin planificación financiera no hay educación pública sostenible”

Por J ulio Nicolás Alfaro Alfaro, Universidad Finis Terrae

Introducción

La gestión administrativa, la planificación estratégica y el control de los recursos públicos se han convertido en elementos centrales para el funcionamiento y la sostenibilidad de la educación pública en Chile, particularmente en el contexto de la implementación de la Nueva Educación Pública y del proceso de desmunicipalización del sistema escolar. En este escenario, la correcta asignación presupuestaria, la eficiencia del gasto y el fortalecimiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas adquieren una relevancia decisiva para asegurar la continuidad del servicio educativo y responder a las diversas realidades territoriales.

La creación de los Servicios Locales de Educación Pública implicó un cambio estructural en la forma de administrar la educación pública, trasladando la gestión desde los municipios hacia organismos especializados del Estado. Este proceso ha supuesto importantes desafíos en materia financiera y de gestión, considerando la heterogeneidad de los territorios, las diferencias en infraestructura, los niveles de aprendizaje y las condiciones presupuestarias de los establecimientos educacionales traspasados.

En este contexto, la planificación y el control de gestión cumplen un rol estratégico, permitiendo articular los objetivos educacionales con la disponibilidad de recursos, los principios de legalidad y eficiencia del gasto público, y las exigencias de transparencia y probidad propias de la administración del Estado. La gestión financiera deja de ser un aspecto meramente operativo para convertirse en un componente estructural de la sostenibilidad institucional y de la capacidad del sistema para responder a las necesidades de las comunidades educativas.

En esta entrevista, Carolina del Carmen Alfaro Rain, Subdirectora de Planificación y Control de Gestión y Directora (s) del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, aborda desde una perspectiva institucional los principales desafíos que enfrenta hoy la administración financiera de la educación pública. A partir de su experiencia, reflexiona sobre el rol del Estado en el fortalecimiento del sistema educacional conforme a los principios constitucionales vigentes, la importancia de la planificación presupuestaria para la estabilidad de los proyectos educativos, y el valor de la transparencia y la probidad como elementos esenciales para la confianza pública y la sostenibilidad del sistema.

1. Desde la perspectiva de la administración y las finanzas públicas, ¿qué rol cumple el Estado en el fortalecimiento del sistema educacional, conforme a los principios constitucionales vigentes?

Como garante y articulador de la educación, desde la perspectiva financiera se deben asignar los recursos a través del presupuesto, para asegurar el acceso a la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos.

Para el caso del financiamiento de la Nueva Educación Pública (Ley 21.040) el estado financia directamente a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que son organismos especializados para administrar la educación pública en sus territorios, a través de ingresos por subvenciones, con el objetivo de promover la equidad y calidad de la educación con el correcto y eficiente uso de los recursos públicos.

2. ¿Cómo incide una gestión administrativa y financiera eficiente en el cumplimiento del deber estatal de promover condiciones adecuadas para el desarrollo de la educación pública?

La gestión administrativa y financiera son un pilar fundamental para que el Estado cumpla con su labor de asegurar las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de la educación, asegurando la operatividad y continuidad del servicio educativo, velando por el uso responsable de los recursos públicos, contemplando una mejora de la calidad educativa conforme a los principios de legalidad, eficiencia y eficacia reduciendo brechas de aprendizaje y fortaleciendo los mecanismos de control, transparencia y probidad.

Una buena gestión administrativa y financiera permite que existan mejoras en los procesos pedagógicos, desarrollo profesional de las y los funcionarios, apoyo a los estudiantes y a las comunidades educativas; además de realizar mejoras en infraestructura como condición habilitante.

Con respecto a los SLEP, la correcta gestión administrativa y financiera genera una eficiente ejecución de las distintas vías de financiamiento de los ingresos percibidos en el ejercicio del año fiscal.

3. En términos generales, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta hoy la gestión financiera en educación pública, considerando los límites presupuestarios y el principio de legalidad del gasto?

Lograr la sostenibilidad financiera, una vez instalados los SLEP y asumida la gestión educacional, existe una estrechez presupuestaria generada por el desequilibrio entre los ingresos y gastos, dado que en Educación los ingresos son variables pues están dado por matrícula y asistencia de los estudiantes versus gastos fijo de operación (remuneraciones, consumos básicos, entre otros).

La complejidad en el financiamiento obedece a un tema estructural, dado que se debe lidiar con límites presupuestarios sin olvidar la legalidad del gasto público.

Lo anterior produce una rigidez presupuestaria y baja flexibilidad de gestión, lo cual se traduce en una dificultad en la reasignación de recursos para dar respuesta a los requerimientos y entregar las condiciones habilitantes para las y los estudiantes de los establecimientos educacionales.

A su vez, en los SLEP, y dado los cambios en la regulación, la cual exige capacidades altamente calificadas para la correcta planificación y eficiente ejecución y control del presupuesto. Lo anterior, genera cumplir con estándares de transparencia dado el proceso de rendición de cuentas de los recursos públicos.

4. ¿Qué importancia tiene la correcta planificación y ejecución presupuestaria para asegurar continuidad y estabilidad en los proyectos educativos?

Una correcta planificación presupuestaria, permite la anticipación para contar con los recursos necesarios y así cubrir los gastos de acuerdo con los requerimientos de los diferentes proyectos educativos. Además de garantizar el servicio educativo, permite la gestión eficiente de los recursos y asegura la estabilidad institucional.

5. Desde una mirada institucional, ¿cómo se compatibiliza el principio de eficiencia en el uso de recursos públicos con las diversas necesidades territoriales del sistema educacional?

Como SLEP, la eficiencia y el uso de los recursos públicos se combina con las múltiples necesidades territoriales mediante una planificación estratégica de la institución, basada en la evaluación de los resultados territoriales, monitoreo y/o control institucional que permiten que con los recursos disponibles se pueda dar respuesta a las necesidades de cada una de las unidades educativas, contemplando una flexibilidad operativa dado el marco normativo y reglas generales que establece el Estado.

6. ¿Qué desafíos presenta la administración financiera de la educación pública en un contexto de descentralización y fortalecimiento de la gestión local?

La sostenibilidad financiera y la eficiencia de los gastos operativos en la Educación Pública en un contexto de descentralización y fortalecimiento del territorio presenta desafíos concretos y a su vez entrega oportunidades como la correcta utilización de los recursos públicos que apuntan a disminuir las brechas en un territorio, más aún en ellos con un alto índice de vulnerabilidad y ruralidad.

Principalmente en un Servicio Local de Educación, existen muchos desafíos pues con el traspaso del servicio educativo (distintas comunas), no todos parten con las mismas capacidades instaladas en los niveles de aprendizajes, en las condiciones de infraestructura y en el déficit presupuestario, entre otros, lo que impacta en la planificación y ejecución, por el tiempo y recursos que se destina para resolver contingencias, sin embargo, con la planificación de mediano y largo plazo se ha podido demostrar avances, en la educación pública administrada por los SLEP, y cumpliendo con las exigencias para un organismo público del Estado.

7. ¿De qué manera la transparencia y la probidad en la gestión administrativa contribuyen a la confianza pública en el sistema educacional?

La transparencia y la probidad en la gestión administrativa son pilares fundamentales para fortalecer la confianza pública en el sistema educacional, porque impactan directamente en cómo la ciudadanía y en específico las comunidades educativas percibe el uso de los recursos, la toma de decisiones y el compromiso ético de las instituciones.

En el sistema educacional contribuye el uso responsable de los recursos públicos, la rendición de cuentas y el fortalecimiento permanente de la participación ciudadana y vinculación con los actores relevantes.

Por lo tanto; la transparencia y la probidad no solo previenen malas prácticas, sino que también refuerzan la legitimidad, equidad y calidad del sistema educacional, elementos clave para consolidar la confianza pública.

8. Mirando hacia el futuro, ¿qué aspectos de la gestión administrativa y financiera considera prioritario fortalecer para consolidar un sistema de educación pública sostenible y bien administrado?

Para los servicios locales de educación pública es consolidar un sistema de sostenible y bien administrado, mejorando la planificación y presupuestación, la priorización transparente de recursos alineada a los instrumentos de gestión y metas educativas; el desarrollo profesional y capacidades técnicas y las tecnologías de información

Se debe basar en proyecciones a mediano y largo plazo, contemplando mecanismos de control y disponibilidad presupuestaria. A la vez, se deben optimizar los procesos de compras y reforzar la gestión del gasto en remuneraciones, y se debe avanzar en disponer de manera óptima en la información financiera para la toma de decisiones de la institución.

En conclusión, estos aspectos permiten avanzar hacia una educación pública sólida, equitativa y confiable, capaz de responder a las necesidades de las comunidades sin comprometer el derecho a una educación de calidad en el futuro.

REFLEXIÓN FINAL

La entrevista permite visibilizar que la sostenibilidad de la educación pública depende en gran medida de factores que suelen permanecer fuera del debate pedagógico, pero que resultan determinantes para el funcionamiento del sistema: la planificación estratégica, la gestión administrativa y el control eficiente de los recursos públicos. En el contexto de la Nueva Educación Pública, estas dimensiones adquieren un rol estructural, al incidir directamente en la continuidad del servicio educativo y en la capacidad del Estado para responder a las diversas realidades territoriales.

Las respuestas evidencian que uno de los principales desafíos del sistema radica en la tensión permanente entre ingresos variables y gastos operativos rígidos, lo que exige una gestión financiera altamente técnica, con planificación de mediano y largo plazo, y con mecanismos de control que aseguren el uso responsable de los recursos públicos. En este escenario, la eficiencia del gasto no puede entenderse como una reducción meramente cuantitativa, sino como una adecuada asignación orientada a sostener proyectos educativos, fortalecer capacidades institucionales y generar condiciones habilitantes para el proceso educativo.

Asimismo, el proceso de descentralización plantea desafíos relevantes para la administración financiera, especialmente considerando las brechas existentes entre territorios. Sin embargo, también abre oportunidades para una gestión más pertinente y ajustada a las necesidades locales, siempre que exista una planificación estratégica sólida, sistemas de monitoreo efectivos y una articulación coherente con el marco normativo vigente.

Finalmente, la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas aparecen como elementos indispensables para fortalecer la confianza pública en el sistema educacional. Más allá de prevenir malas prácticas, estos principios contribuyen a legitimar la acción del Estado y a consolidar una educación pública sostenible, bien administrada y acorde a las exigencias propias de la administración pública. En este sentido, la gestión administrativa y financiera se configura no solo como un soporte del sistema educacional, sino como una condición esencial para su estabilidad y proyección en el tiempo.