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Cartas al Director

Sin plato, sin cubiertos, sin dignidad

Adultos mayores enfermos recluidos en el Pabellón Asistir del CCP Colina 1 enfrentan condiciones de hacinamiento, falta de atención médica permanente y denuncias de trato indigno hacia sus familias, pese a sentencias de la Corte Suprema que ordenaron reforzar su protección y cuidado.

Por Carla Andrea Fernández Montero·14 de mayo de 2026·3 min de lectura
Imagen: ChatGPT/Elke
Imagen referencial

Lo que ocurre todos los días con los 204 adultos mayores enfermos del Pabellón Asistir del CCP Colina 1.

Una mujer madruga. Es la hija, la esposa o la nieta. Lleva años haciendo esto cada semana. Mientras hierve el agua, separa la comida en bolsitas plásticas con cierre hermético: el pescado por un lado, las papas por otro, el tomate aparte. La mayonesa, el kétchup, el café y hasta las galletas van envueltos por separado.

Lo prepara como si fuera la última vez, porque a esa edad, en ese lugar, podría serlo.

Después viene el metro, la micro, horas de fila a la intemperie en la entrada del CCP Colina 1 y finalmente la entrega.

Su padre tiene ochenta años. Le tiemblan las manos. Y abre ese almuerzo así, en silencio, muchas veces a la intemperie, porque ya no queda espacio adentro. Aun así, junta fuerzas para sonreírle a su familia y no quebrarlos.

Esto ocurre en el Pabellón Asistir, donde el Estado mantiene encerrados a 204 adultos mayores enfermos. El más joven tiene 64 años y el mayor 94. Muchos padecen diabetes, insuficiencia renal, hipertensión, cáncer y enfermedades degenerativas.

Para ellos, la alimentación no es un detalle: es parte del tratamiento médico.

Las familias lo saben. Por eso preparan cada comida con cuidado, respetando horarios, separación de alimentos y cadena de frío. Pero todo ese esfuerzo queda anulado al cruzar la entrada del penal.

No existe reglamento que obligue a entregar la comida en bolsas plásticas. No responde a razones de seguridad. Responde únicamente a la indiferencia.

Y la comida es solo una parte.

El recinto fue construido para 90 personas y hoy mantiene a 204 ancianos hacinados. Los comedores se transformaron en dormitorios. Todavía hay internos durmiendo en pasillos.

No existe médico de planta, pese a que la Corte Suprema lo ordenó en dos oportunidades.

Hay un baño cada 22 internos, muchos de ellos con bolsas urinarias, colostomías o enfermedades prostáticas. En verano falta ventilación; en invierno, calefacción.

Y Gendarmería ni siquiera les entrega artículos básicos de higiene.

A todo esto se suma el trato que denuncian las familias: filas interminables, cambios arbitrarios de reglas, amenazas cuando reclaman y revisiones humillantes que —según relatan— no se aplican en otros pabellones.

Muchas de esas mujeres son también adultas mayores. Viajan toda la noche desde regiones para llegar a horario de visita, cargando bolsas pesadas y la angustia de no saber cómo encontrarán a sus familiares.

Y aun así, son tratadas como si fueran ellas las condenadas.

Pero la pena no se extiende a la familia.

La esposa que madrugó para cocinarle a su marido no debería recibir humillaciones al cruzar la reja. El aparato penitenciario le debe respeto, no amenazas ni castigos encubiertos.

Bajo este patrón de abandono ya han muerto al menos siete internos.

La Corte Suprema declaró en dos sentencias firmes que el Pabellón Asistir funciona, en los hechos, como un establecimiento de larga estadía para adultos mayores y que sus internos deben recibir un estándar reforzado de protección.

Sin embargo, esas sentencias siguen incumplidas.

En 2023, la propia Gendarmería publicó una “Guía de Buen Trato hacia las Personas Adultas Mayores Privadas de Libertad”.

Está escrita.

Está firmada.

Está distribuida.

Lo único que falta es cumplirla.

A estos hombres se les condenó a prisión. Y esa condena fue legal.

Pero ningún tribunal autorizó que terminaran comiendo del plástico, viviendo hacinados, sin médico permanente, viendo a sus familias degradadas en filas interminables o deteriorándose en condiciones indignas.

Su pena la dictó la justicia.

La indignidad, el abandono y el deterioro impuesto no los dictó ningún tribunal.

Eso lo agregó el Estado.

Carla Andrea Fernández Montero

Abogada Penalista-Penitenciaria

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