No es la reunión, es la intolerancia

Cuando una autoridad actúa conforme a su deber, sin atender a presiones ni cálculos de conveniencia, lo mínimo exigible es respeto. Pero en Chile ocurre lo contrario: aparecen de inmediato las críticas, las presiones y ese afán permanente de algunos sectores por decirles a las instituciones cómo deben comportarse. La reunión de la presidenta de la Corte Suprema con familiares de prisioneros militares de Punta Peuco no es lo cuestionable; lo inquietante es la forma en que algunos han reaccionado frente a ella.

En esa línea se inscribe la declaración de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial, que, más que aportar al debate, intenta fijar un límite impropio: quién merece ser recibido y quién no. No es su rol. Y, más grave aún, constituye un precedente peligroso. Cuando desde dentro del propio sistema se busca condicionar el actuar de la máxima autoridad judicial, lo que está en juego ya no es una reunión, sino la autonomía misma de la institución.

La fortaleza de la justicia radica en su capacidad de actuar al margen de presiones ideológicas, incluso cuando eso incomoda. Es en esa independencia donde encuentra su verdadero sustento: en aplicar reglas iguales para todos, sin ceder ante quienes quisieran una institucionalidad más selectiva, moldeada según sus propias convicciones.

Algunos sostienen que recibir a representantes de la Agrupación de Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado por parte de la máxima autoridad de la Corte Suprema equivale a validar. Es una afirmación tajante, pero equivocada. Escuchar no es ceder, ni mucho menos respaldar; es cumplir con un principio esencial: que las instituciones deben garantizar canales formales abiertos para todos. Lo preocupante sería lo contrario: una justicia que comienza a cerrar puertas según la presión del momento.

Se afirma, además, que este tipo de encuentros “daña” la confianza en la justicia. Pero la confianza no se sostiene en exclusiones arbitrarias. Se fortalece cuando las instituciones actúan con coherencia, sin discriminar interlocutores según su nivel de aceptación. Una Corte Suprema que escucha sin distinción no debilita su rol; lo reafirma.

Hay, además, una contradicción evidente. Se habla de independencia judicial como un valor fundamental, pero cuando se ejerce de verdad, se la cuestiona. Se la aplaude solo cuando coincide con ciertas posiciones partidistas. Eso no es defensa de la institucionalidad; es un intento de controlarla.

Y no olvidemos lo esencial: estamos frente a un grupo de personas que recurrió a los canales formales, como corresponde en un país serio. Negarles ese espacio no fortalece a la justicia; la debilita, al convertirla en un sistema que selecciona a quién escuchar según la conveniencia del momento.

La presidenta de la Corte Suprema hizo lo correcto. No pidió permiso, no buscó aprobación, no se dejó amedrentar. Cumplió con su rol, que es precisamente lo que se espera de quien encabeza uno de los poderes del Estado.

Más allá de la reunión, lo que está en juego es la autonomía institucional y su capacidad de sostenerse frente a presiones externas.

Y una justicia que se deja presionar, simplemente deja de ser justicia. Así de claro.

Jorge Ravanales Arriagada