La práctica profesional de Derecho: ¿una contradicción formativa?

Se envidia lo que no se tiene, mientras que el hombre en rebeldía defiende lo que es.–Albert Camus.

Todo estudiante de Derecho, al culminar sus estudios de pregrado, debe iniciar la búsqueda de una Corporación de Asistencia Judicial o de alguna institución con convenio para la realización de la práctica profesional. Una vez terminada dicha etapa –si cumple todos los requisitos– podrá optar por el título de abogado otorgado por la Corte Suprema.

A primera vista, el fundamento de esta experiencia parece tener sentido: retribuir los conocimientos adquiridos durante la carrera y obtener la experiencia profesional. Sin embargo, esta etapa se ha transformado en una constante contradicción formativa.

¿Por qué ocurre esta situación?

Porque en el tránsito de esta experiencia, los postulantes se ven envueltos en una serie de obstáculos institucionales que los sumergen en una constante contradicción.

El primer gran error institucional es que la práctica profesional se encuentra fuera de la malla curricular, lo que implica la pérdida de todos los beneficios estudiantiles –como la beca de alimentación o el beneficio de transporte, que son de gran utilidad para miles de jóvenes–. Otra contradicción es la ficción de la jornada laboral, aunque en teoría los postulantes deben cumplir un horario limitado, en la realidad no son pocos los casos en los que se impone la disponibilidad total –incluso fuera del horario laboral–.

Además, rara vez la práctica profesional dura los seis meses correspondientes. Existen ampliaciones de plazo, retrasos por gestiones administrativas, demoras en la evaluación, y otros factores ajenos al postulante. En los hechos, muchos postulantes terminan dedicando entre siete y ocho meses, sin mayor explicación ni compensación por este tiempo extra.

A todas estas situaciones se les suma otro aspecto fundamental en la formación profesional –tal vez el más profundo–: el trato entregado por parte de los superiores jerárquicos hacia los postulantes. No son pocos los casos en que se manifiesta una formación hostil y desdén ante el error. Lejos de ejercer una formación horizontal, se instala un aprendizaje condicionado al miedo al error, donde se debe aprender a callar y obedecer.

No se trata de casos aislados, sino de una *cultura profesional heredada,*donde las humillaciones han sido disfrazadas de rigor formativo. Por lo tanto, en lugar de formar futuros colegas, algunos abogados o jueces se posicionan como jerarcas, replicando el mismo trato que recibieron. Esto se convierte en un ciclo formativo que daña la vocación y erosiona la ética profesional.

Hoy, en tiempos en que las crisis institucionales, la falta de probidad y la justicia son parte del debate constante, no deberíamos seguir tolerando que la formación de futuros profesionales de la abogacía, siga siendo un espacio donde prevalezca la falta de ética y la precarización profesional. La tarea de estos futuros abogados es frenar con estas prácticas heredadas y avanzar hacia una formación profesional ética y responsable.

Gerar Montero Galleguillos

Licenciado en Ciencias Jurídicas

Universidad de Tarapacá