Cartas al Director
Injusticia epistémica y la hegemonía neurotípica en el proceso
La opinión critica la confianza excesiva de la judicatura en la oralidad, la inmediación y las llamadas “máximas de la experiencia”, señalando que estas prácticas se han convertido en prejuicios institucionalizados que perjudican especialmente a personas neurodivergentes. Advierte que la interpretación subjetiva del lenguaje corporal por parte de jueces carece de sustento científico y vulnera el debido proceso, configurando una discriminación estructural que exige humildad epistémica, ajustes razonables y decisiones basadas en evidencia, no en estereotipos conductuales.

Nuestro sistema procesal, tanto en sede penal como de familia, ha degenerado en un fetiche peligroso de la oralidad y la inmediación. Hemos convencido a la judicatura de que la mera investidura del cargo otorga una suerte de “superpoder” psicológico capaz de detectar la verdad o la mentira simplemente observando el lenguaje corporal de un declarante. Esta presunción no solo es científicamente falsa; es una trampa de arrogancia institucional que vulnera el debido proceso.
Lo que los tribunales llaman pomposamente “máximas de la experiencia” a menudo no son más que prejuicios estandarizados y disfrazados de doctrina. Existe un analfabetismo neurobiológico alarmante en nuestros estrados. Cuando una persona neurodivergente (autista, TDAH, entre otras) se sienta en el estrado y evita el contacto visual, realiza movimientos repetitivos (stimming) o mantiene una prosodia plana, el “ojo experto” del juez promedio no ve una condición neurológica; ve nerviosismo, ocultamiento y culpa.
Estamos ante una regresión a un lombrosianismo procesal: juzgamos al sujeto por cómo se ve y cómo actúa, no por la veracidad intrínseca de su relato. El sistema opera bajo una tiranía neurotípica donde la credibilidad depende de una performance social: si el testigo no sigue el guion de la «normalidad» conductual, es castigado con la incredulidad. Esto convierte la audiencia en un teatro y levanta una barrera de acceso a la justicia violenta y discriminatoria.
Resulta inaceptable que, mientras la ciencia avanza hacia la comprensión de la neurodiversidad, el Derecho se atrinchere en su ignorancia. No basta con hablar de inclusión en seminarios si en la práctica no se aplican los ajustes razonables que exigen los tratados internacionales. Obligar a una mente neurodivergente a encajar en los tiempos y las formas de un interrogatorio diseñado para neurotípicos es una forma de tortura procesal sutil.
Es hora de que la magistratura ejerza una necesaria humildad epistémica. Necesitamos jueces que entiendan que su intuición o su “ojímetro” no están por encima de la neurobiología. La verdad jurídica debe construirse sobre evidencia, no sobre qué tan bien actúa el testigo en el escenario de la audiencia. Mientras no corrijamos este sesgo, seguiremos dictando sentencias basadas en la estética de la declaración y no en la realidad de los hechos.
Marisol Bórquez Galaz
Estudiante de Derecho
Universidad Finis Terrae
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