Gloria Chevesich: ética y rigor

El lunes 15 de diciembre pasado fue nombrada presidenta de la Excelentísima Corte Suprema doña Gloria Chevesich Ruíz por el Pleno del Alto Tribunal para el bienio 2026-2028. Esta designación constituye un esperanzador avance frente a lo que se podría considerar annus horribilis****para el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en especial.

En efecto, iniciábamos 2025 comentando las encuestas (Cadem, UGM) que indicaban que un 83% de las personas en Chile no confiaba en el Poder Judicial y que calificaba a los tribunales de justicia con nota 2,7 en una escala del 1 al 7. Luego de este mal augurio, se sucedió la crisis más grave que ha vivido el Poder Judicial, con la destitución vía sumario interno o acusación constitucional de los exministros Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Diego Simpertigue, de la Corte Suprema y Marcela Sabaj y Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago, además de la apertura de una investigación penal contra 7 ministros del máximo tribunal que votaron en contra la destitución de Antonio Ulloa.

Lo primero a destacar es que se trató de una elección votada por la unanimidad del Pleno del alto tribunal, lo cual es una potente señal de unidad que echa por tierra la eventual pugna entre dos corrientes dentro de la misma Corte Suprema de cara al manejo disciplinario de las futuras y eventuales acusaciones de corrupción en contra de ministros o jueces de tribunales inferiores. Existan o no estas dos corrientes, lo cierto es que la unanimidad supone que la totalidad de los miembros de la Corte finalmente cerraron filas ante la rigurosidad y firmeza en la conducción de los procesos disciplinarios en el Poder Judicial que representa y defiende Chevesich.

Por otra parte, se valora que sea la primera mujer presidenta en la Corte Suprema, sin embargo, fue la propia ministra electa quien se encargó de aclarar, con razón, que su designación no se debió a una negociación para satisfacer una eventual cuota de género al interior del alto tribunal, sino al respeto por la antigua costumbre de designar en dicho cargo a la primera antigüedad entre los ministros.

En efecto, la Sra. Chevesich ingresó al Poder Judicial en 1986 como relatora de Corte, en 2002 fue designada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y en 2013 pasó a integrar la Corte Suprema, con lo cual al momento de su elección contaba con casi 40 años en el Poder Judicial y 12 en el máximo tribunal.

Así las cosas, el nombramiento de la Sra. Chevesich no se produjo para satisfacer una cuota de género ni para dulcificar el rostro de la Corte Suprema, sino que fue el corolario de su meritoria e intachable carrera al interior del Poder Judicial y el triunfo de la postura más rigurosa ante la corrupción.

De ahí que nos surja la esperanza de que las cosas pueden mejorar en el Poder Judicial y especialmente en la Corte Suprema, albergando la legítima confianza de que los procesos disciplinarios en su interior serán conducidos con rigurosidad y arribarán a resultados justos.

Sería deseable también que durante ese período se despacharan las leyes que reestructuren y modernicen las causales de recusaciones e implicancias de los jueces y, sobre todo, las que sustraigan el control disciplinario y la intervención en los nombramientos de jueces, notarios y conservadores de las Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema para entregárselas a un órgano independiente de composición mixta.

El 2025 pasará a la historia como el año en que quedó con certeza expuesto a la opinión pública que la concentración de poderes en un solo órgano favorece exponencialmente la corrupción y desintegración. Estamos convencidos de que para contar con jueces probos, independientes e imparciales no sólo basta tener una jueza con las cualidades de la ministra Chevesich en el cargo más alto del Poder Judicial, sino que es necesario contar con todo un sistema normativo estructural y funcionalmente desprovisto de opacidades en temas tan sensibles como los nombramientos, el control disciplinario y los resguardos a la imparcialidad e independencia de los jueces.

Silvana Adaros

Académica de Derecho UNAB