Empresa rechaza acusaciones por megatoma en San Antonio y defiende actuar ante usurpación de terrenos

En una reciente carta al director, el señor Patricio Herman se refiere a la denominada megatoma de San Antonio en términos que reflejan desconocimiento de la situación y afectan de manera lamentable la honorabilidad de la empresa afectada.

En su carta, señala injustamente que “esta ventajista empresa está presionando indebidamente al Ministerio de Vivienda para obtener el máximo de ganancia”, argumentando que socios de esta empresa habrían “invitado” a los tomadores a que construyeran en los sitios usurpados “sus rústicas viviendas” y que luego estarían negociando con el Ministerio de Vivienda una solución que implique la venta de estos terrenos a los mismos usurpadores.

Nada más lejos de la verdad.

Lo cierto es que esta fue una toma ilegal de terrenos que se desató de manera simultánea con el inicio del denominado “estallido social” de 2019, fue azuzada por las autoridades comunales de la época y tolerada sin ninguna intervención eficaz por los gobiernos de los presidentes Sebastián Piñera y de Gabriel Boric.

Jamás ningún socio de esta compañía invitó a tomarse estos terrenos ni a construir allí viviendas irregulares. En la única reunión a la que un ex ejecutivo de esta empresa aceptó concurrir, invitado por los tomadores, éste explicó a los usurpadores que se trataba de un terreno particular, que sus dueños podían vender por paños, y les detalló las condiciones comerciales según las cuales se podría vender terrenos regularmente.

En todo este período, los propietarios acudieron a diferentes instancias tanto administrativas como judiciales para obtener la restitución del bien usurpado, logrando después de cinco años un fallo favorable de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ante un recurso de protección, el que fue ratificado por la Corte Suprema, que ordena el desalojo.

Ante esa realidad, los propietarios aceptaron suspender por seis meses el cúmplase de la orden judicial de desalojo y participar en una mesa técnica convocada por el Ministerio de la Vivienda con el objetivo expreso, por parte del Minvu, de buscar soluciones para que los mismos tomadores pudieran comprar.

La mesa técnica ha concluido sin resultados y hoy nos enfrentamos a la activación del “cúmplase” judicial.

En definitiva, nada más lejos de su versión según la cual nuestra empresa habría presionado al gobierno. Por el contrario, somos víctimas del desamparo de un Estado que ha tolerado durante seis años una usurpación ilegal de un enorme paño de terreno que debiera ser parte del crecimiento ordenado de San Antonio, conforme a su plano regulador.

Diego Pereira

Abogado

Inmobiliaria y Constructora San Antonio