El Estado filtró nuestros cuerpos

La reciente filtración de datos desde organismos públicos en Chile no puede seguir tratándose como un simple incidente técnico ni como una falla aislada de ciberseguridad. Lo que está en juego es bastante más profundo. Cuando la información expuesta incluye antecedentes de salud vinculados al cáncer cervicouterino, el problema deja de ser meramente administrativo y se transforma en una vulneración directa a la dignidad, la vida privada y la integridad de las mujeres. No estamos hablando de datos, estamos hablando de cuerpos, de historias clínicas, de intimidad.

El cáncer cervicouterino es una enfermedad que afecta exclusivamente a mujeres y que, en Chile, sigue teniendo una presencia significativa, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad. Su vínculo con el virus del papiloma humano ha contribuido históricamente a generar estigmas que exceden lo médico y se trasladan a lo social y lo moral. En ese escenario, la exposición de información asociada a esta enfermedad no solo revela un diagnóstico, sino que también puede implicar la exhibición involuntaria de aspectos íntimos de la vida personal, incluyendo dimensiones que pertenecen estrictamente al ámbito de la privacidad.

Desde el Derecho, la situación es grave y evidente. La Constitución reconoce y protege la vida privada y la honra de las personas, y dentro de ese ámbito se comprende, con creciente claridad, la protección de los datos personales, especialmente aquellos de carácter sensible como los datos de salud. Sin embargo, la respuesta institucional frente a este tipo de vulneraciones ha sido históricamente débil, centrada en explicaciones técnicas y eventuales responsabilidades administrativas, sin abordar el impacto real que estas filtraciones generan en las personas afectadas.

El punto crítico es que esta afectación no es neutra. No todas las personas enfrentan las mismas consecuencias cuando su información es expuesta. En el caso de las mujeres, y particularmente cuando se trata de datos relacionados con su salud sexual y reproductiva, las consecuencias pueden ser más intensas y más profundas. La filtración puede dar lugar a situaciones de estigmatización, discriminación e incluso a formas de violencia simbólica que no son suficientemente consideradas por el ordenamiento jurídico. Tratar estos casos como si se tratara de una afectación general es desconocer una realidad evidente.

A esto se suma un efecto que no ha sido suficientemente advertido y que resulta especialmente preocupante. La confianza en el sistema de salud se ve directamente afectada cuando el propio Estado demuestra ser incapaz de resguardar información tan sensible. Si una mujer percibe que su diagnóstico puede quedar expuesto, la decisión de someterse a exámenes preventivos deja de ser únicamente médica y pasa a estar condicionada por el miedo. En un contexto donde la detección temprana del cáncer cervicouterino sigue siendo clave para reducir la mortalidad, este tipo de situaciones puede tener consecuencias que trascienden lo jurídico y se proyectan hacia la salud pública.

El problema, entonces, no radica solo en la existencia de una brecha de seguridad, sino en la falta de comprensión sobre la gravedad de lo que se ha expuesto. El Estado no solo falló en proteger datos, falló en proteger a personas concretas, en particular a mujeres que ya enfrentan condiciones estructurales de vulnerabilidad en el acceso a la salud y en la protección de su intimidad.

Si el Derecho chileno pretende estar a la altura de estos desafíos, debe avanzar hacia una concepción más exigente de la protección de datos personales, especialmente cuando se trata de información de salud. Esto implica no solo mejorar estándares técnicos, sino también incorporar una mirada que reconozca que ciertas vulneraciones tienen impactos diferenciados y requieren respuestas proporcionales a esa realidad.

Lo ocurrido no puede quedar reducido a un episodio más en la larga lista de fallas estatales. Cuando se filtran datos sobre el cáncer cervicouterino, lo que se expone no es información cualquiera, es la intimidad más profunda de las mujeres. Y frente a eso, el silencio o la minimización no son una opción jurídicamente aceptable.

Camila Torrejón Díaz

Estudiante Derecho UNAB

Secretaria General Observatorio Iuris Mundi

Presidenta y fundadora Legis Fem