Cartas al Director
El caso de mi hijo y la fragilidad del estándar probatorio penal
El testimonio de una madre revela una falla estructural del sistema penal: condenas fundadas en presunciones antes que en pruebas, donde la interpretación judicial desplaza a la evidencia y la presunción de inocencia se debilita, poniendo en riesgo la legitimidad y la justicia de las decisiones que afectan la libertad de las personas.

Me atrevo a escribir estas líneas como madre, pero también como ciudadana profundamente preocupada por el rumbo que está tomando nuestro sistema penal.
El caso de mi hijo, condenado recientemente en la zona sur del país, refleja con dolorosa claridad cómo las presunciones pueden terminar reemplazando la prueba, y cómo una sentencia puede construirse sobre interpretaciones más que sobre hechos acreditados.
No pretendo cuestionar instituciones ni personalizar un conflicto.
Quiero exponer una “falla estructural” que afecta a muchas familias y que, en nuestro caso, ha destruido la vida de un joven que nunca tuvo la oportunidad real de demostrar su inocencia.
Mi hijo —al que identificaré únicamente como R.A.S.B. para proteger su privacidad— fue condenado pese a que:
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No existía prueba directa de su participación en los hechos imputados.
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La condena se sustentó en inferencias y Presunciones , más que en evidencia clara y objetiva.
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Se desestimaron testimonios y documentos irrefutables que contradecían la tesis acusatoria.
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La teoría del tribunal reemplazó hechos acreditados por interpretaciones subjetivas.
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Se impuso una pena extremadamente alta sin que se demostrara responsabilidad efectiva.
Como madre, he debido presenciar cómo una persona puede ser condenada no por lo que se prueba, sino por lo que se “Presume” que pudo haber ocurrido.
Pero más allá de nuestro dolor personal, lo que quiero plantear es un debate que considero urgente para el país:
¿Qué ocurre cuando los tribunales comienzan a suplir la falta de prueba con construcciones teóricas?
¿Dónde queda la presunción de inocencia cuando las presunciones terminan siendo más fuertes que la evidencia?
¿Puede haber justicia cuando el estándar probatorio se vuelve tan flexible que cualquier duda se transforma en certeza judicial?
No escribo estas líneas para lograr un beneficio particular.
Escribo porque estoy viendo cómo el sistema penal está abriendo un espacio peligroso donde la “interpretación” vale más que la “prueba”, y donde un ciudadano puede terminar tras las rejas por la fuerza de una sospecha elevada artificialmente al nivel de certeza.
El derecho penal exige un estándar alto porque su consecuencia es la pérdida de libertad.
Cuando ese estándar se relaja, la justicia deja de ser justicia y se transforma en una sentencia construida sobre arena.
Jocelyn Benítez Lavanderos
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