De «Gobernar es educar» a gobernar es recaudar: La encerrona fiscal del CAE

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que frenó en seco el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) a través de la vía tributaria, no es solo un triunfo legal para miles de profesionales endeudados; representa, fundamentalmente, un severo y necesario correctivo constitucional a la actual voracidad recaudatoria de un Gobierno que parece haber olvidado el respeto mínimo a las garantías ciudadanas.

Al declarar la ilegalidad de los mecanismos de retención y persecución ejecutados por la Tesorería General de la República (TGR), el máximo tribunal ha restablecido un principio de justicia básico: las deudas por estudiar no son impuestos devengados ni créditos comerciales ordinarios. Como bien señaló la judicatura, estos compromisos poseen una “naturaleza especialísima” vinculada al acceso al derecho a la educación y, por ende, jamás debieron equipararse automáticamente a otras acreencias o infracciones impositivas comunes.

La estrategia del Ejecutivo, implementada de manera implacable a través de la TGR, constituye una verdadera encerrona institucional. Al instrumentalizar la vía tributaria para forzar el pago del CAE, el aparato estatal ha despojado deliberadamente a los ciudadanos de sus garantías mínimas de defensa. Un procedimiento ejecutivo administrativo de esta índole asfixia cualquier posibilidad de legítimo contradictor, transformando al Estado en un juez y parte omnipotente que congela activos, embarga devoluciones y confisca fondos con una agilidad asombrosa, contradiciendo el discurso de libertad y resguardo del bolsillo de la clase media que profesaba en campaña.

Esta persecución tributaria contra los profesionales de clase media resulta particularmente ofensiva en un país cuya historia republicana consagró a la educación como el motor del progreso social. Al radicalizar el garrote fiscal sobre los endeudados, la administración actual pisotea el histórico legado del presidente Pedro Aguirre Cerda y su consigna: «Gobernar es educar». Para el «Presidente de los Pobres», el rol del Estado era abrir las aulas y liberar las energías creadoras de la juventud, concibiendo la instrucción pública como una herramienta de emancipación social, no como una trampa de sometimiento financiero. Hoy, bajo la gestión de Kast, pareciera que la máxima gubernamental se ha pervertido hacia un mezquino «Gobernar es Recaudar» , transformando el sueño del título profesional en una condena judicial perpetua.

El fallo de la Corte viene a salvaguardar el ordenamiento jurídico al recordar que el fin no justifica los medios, menos cuando se trata de vulnerar derechos constitucionales fundamentales. Equiparar el crédito de un estudiante, quien muchas veces ni siquiera ejerce la profesión debido a las falencias del propio mercado laboral, con la evasión de impuestos corporativos es un acto de una profunda ceguera social y jurídica.

A partir de hoy, el Gobierno se ve forzado a desmantelar su maquinaria de hostigamiento tributario contra la clase media educada. Es de esperar que este veredicto actúe como un baño de realidad para las autoridades. La solución al drama del CAE nunca vendrá de la mano del abuso de poder ni de la asfixia económica de los ciudadanos, sino de un debate legislativo honesto, técnico y respetuoso de la dignidad de quienes solo buscaron un futuro mejor a través de las aulas.

Diego Ruiz Lobos

Ex Fiscal de la Subsecretaría de Previsión Social