Consecuencias penales olvidadas de la pandemia.

Durante los años 2020 y 2021, en el punto más álgido de la pandemia, la Fiscalía Nacional informó, no sin cierto grado de orgullo, que 529.357 personas fueron imputadas por delitos contra la salud pública en el contexto del Covid-19, terminando 318.922 de ellas condenadas, obteniendo la Fiscalía de Chile un rotundo 60% de efectividad.

Para quienes no están familiarizado con el sistema penal, una condena no solo implica el cumplimiento de una pena y la pérdida de la irreprochable conducta anterior como circunstancia atenuante en eventuales procesos penales posteriores, sino también un estigma social grave, afectando muchas veces esta condición de “delincuente o condenado”, las expectativas personales y laborales que las personas puedan tener. ¿Pero merecen estas personas ser llamados delincuentes o condenados? Para responder esa pregunta debemos preguntarnos ¿en qué contexto ocurrieron estas condenas?, y la respuesta es en medio de una verdadera psicosis colectiva, que desplazó los principios más básicos y elementales del derecho penal, siendo todos lamentablemente testigos de cómo cientos de personas eran condenadas casi a diario por jueces que actuaban como brazos ejecutores del Ejecutivo, haciendo cumplir al pie de la letra medidas sanitarias confusas, antojadizas y muchas sin sustento científico serio, porque simplemente una comuna entraba en cuarentena y otra salía, o se cambiaba el aforo de un restaurante a pito de nada.

El derecho penal es la última ratio, o sea el último recurso estatal, sin embargo, este fue simplemente ignorado, pasando el estado de 0 a 100 en cuestión de segundos, decretando la justicia prisiones preventivas por simples infracciones sanitarias reiteradas, y condenado a personas por hechos tan inocuos como salir sin salvoconducto, transitar fuera del horario de toque de queda o no usar mascarilla en espacios públicos.