Chile ante el colapso demográfico: abandono infantil, precariedad del cuidado y ceguera legislativa

Cuando el mundo occidental enfrenta el peor de los escenarios futuros, su extinción producto de la inversión de la pirámide poblacional, denominada acertadamente como una “pirámide funeraria”, no se observa ninguna respuesta de la clase dirigente en términos de políticas sociales que permitan morigerar, retardar y finalmente revertir este proceso de desaparición de una parte de la humanidad.

En efecto, tanto esta disminución de la natalidad como el incremento de la tercera edad debería enfrentarse como un doble desafío, que considere tanto la promoción de la natalidad y del cuidado de los niños como también el cuidado de los viejos. Sin embargo, una somera revisión de datos oficiales devela un Estado que pareciera estar diseñado para el abandono de estos extremos de la pirámide poblacional.

Mientras la clase política pierde su tiempo y dineros fiscales – no menores y que podrían tener un mejor destino – enfrascándose en acusaciones constitucionales con “emparejamientos de la cancha”, en acusaciones mutuas de corrupción y en la descalificación de otros gobiernos creando enemigos imaginarios, el bono de crianza de un menor de 18 años, así, con minúsculas, puede llegar a los 33 mil pesos, mientras que, en marzo de 2025, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informa que este Costo de Crianza está entre 500 y 700 mil pesos mensuales, y mientras que el ingreso promedio es inferior a los 500 mil pesos y el 1% más rico (1200 personas) gana un promedio de 136 millones mensuales.

Un tema de especial relevancia, como lo es la carga laboral de la mujer cuidadora, aparentemente aliviada con el teletrabajo, sufre también las consecuencias de legisladores que no legislan y que se alimentan con una dieta parlamentaria que ya se la quisieran el 50% de los estudiantes con malnutrición y el 32% de las personas mayores en riesgo de desnutrición que hay en Chile. Esta es una muestra más de estas carencias legislativas: la discriminación, no solamente infundada, sino contradictoria, que sufre la madre funcionaria respecto del teletrabajo que regula el Código del Trabajo. Los derechos establecidos en el Artículo 152 quáter 0 bis de la Ley 21.645, se ven restringidos en el sector público, al limitar el teletrabajo al 20% de la dotación, sólo a uno o dos días en la semana y al negar este beneficio a las madres con domicilio a menos de 6 kilómetros del lugar de trabajo.

Es infundada, puesto que el servicio público no tiene que ser, necesariamente, presencial y es contradictoria, puesto que el destinatario final del beneficio no es la madre, sino el menor, que se ve discriminado en su derecho de cuidado por el sólo hecho de tener una madre funcionaria, servidora pública.

Finalmente, un tema de vital importancia en el paso del funcionario activo al pasivo, como lo es el cese de funciones por enfermedad, no amerita ni una sola intervención en el hemiciclo, ni una sola votación y se resuelve con una pésima técnica legislativa que mantiene aún enfrentadas a la Contraloría General y a la Excma. Corte Suprema, que siguen interpretando la ambigüedad de la norma según sus propias y contradictorias perspectivas.

Este panorama actual hace urgente la discusión de políticas públicas que incidan en el origen del problema, básicamente la protección efectiva de la maternidad y de la niñez, el aseguramiento de las necesidades básicas del menor, independientemente de la capacidad económica de los padres o de la madre soltera en su doble calidad de creadora y criadora de vida. Resulta inaceptable, un verdadero agravio, que el único pago por este servicio a la humanidad sea un bono que no alcanza a los 19 mil pesos mensuales durante 24 meses.

Pero tal vez lo más preocupante en el momento actual, es que ninguna de las candidaturas, presidenciales ni parlamentarias, denuncie ni proponga nada en esta materia, en la que nos va la vida.

Hernán Eusebio Lechuga Farías

Médico cirujano

Abogado