Registro de vándalos y endurecimiento penal: tropezamos otra vez con la misma piedra, por José Pablo Gómez

El Código Penal chileno data de 1874. Su elaboración, redacción y promulgación estuvieron marcadas por una profunda inspiración liberal. Quienes participaron en su creación trabajaron con la convicción de dotar al país de una legislación moderna para su época, orientada a proteger a los ciudadanos frente a la arbitrariedad del Estado y de los jueces.

Lamentablemente, de esos principios y de esa visión original cada vez queda menos. Hoy sobreviven principalmente en las actas y documentos históricos que dan cuenta de las ideas que inspiraron el texto legal y que, en algún momento, fueron consideradas el camino correcto para una sociedad democrática.

Pese a que existe claridad respecto de cómo fue concebido nuestro Código Penal, durante las últimas décadas —y particularmente desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal— los distintos gobiernos han insistido en enfrentar la delincuencia desde una lógica prácticamente única: aumentar penas y endurecer sanciones, como si ello pudiera resolver por sí solo un fenómeno complejo y multifactorial.

Una de las reformas más emblemáticas en esa dirección está próxima a cumplir diez años. La Ley N.º 20.931, publicada el 5 de julio de 2016, eliminó la exigencia de una pluralidad de indicios para controlar la identidad de una persona, creó el control preventivo de identidad sin necesidad de indicios previos, amplió las facultades policiales, endureció las reglas para determinar las penas en gran parte de los delitos contra la propiedad e incorporó la apelación verbal del Ministerio Público en audiencias, entre otras modificaciones. Todo ello formó parte de una batería de reformas que prometían una persecución penal más eficaz.

Desde entonces, nuevas modificaciones han seguido exactamente el mismo camino: más castigo, más privación de libertad y menos espacios para la reinserción. Pareciera que ese es el único remedio que nuestras autoridades encuentran para enfrentar la delincuencia.

No obstante, después de décadas de reformas orientadas al endurecimiento del sistema penal, resulta legítimo preguntarse si la estrategia ha dado los resultados esperados. La evidencia empírica disponible sugiere que el incremento de las penas, aisladamente considerado, tiene un impacto limitado en la disminución de los índices delictivos, especialmente cuando no va acompañado de políticas preventivas, de reinserción y de fortalecimiento institucional.

Aun así, el presidente José Antonio Kast, durante su reciente cuenta pública, anunció la creación de un registro especial para determinados infractores de ley, medida que iría acompañada de la pérdida de beneficios o derechos sociales.

La propuesta vuelve a instalar una lógica que el país ha ensayado una y otra vez sin resultados concluyentes. Más allá de los evidentes cuestionamientos constitucionales que podrían surgir — principio de legalidad, la eventual vulneración del principio non bis in idem o la profundización de desigualdades sociales y económicas—, lo verdaderamente preocupante es la incapacidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo para ofrecer respuestas distintas a las de siempre.

Cada vez que la delincuencia se instala como tema prioritario en la agenda pública, la discusión parece reducirse al mismo repertorio de soluciones: más sanciones, más restricciones y más castigo. Se trata de una reacción comprensible desde la política contingente, pero insuficiente para abordar un problema de larga data.

Mientras continuemos recurriendo exclusivamente al endurecimiento penal como respuesta, seguiremos tropezando con la misma piedra. Y, en ese proceso, los principios liberales que dieron origen a nuestro viejo Código Penal continuarán desapareciendo, reforma tras reforma, hasta convertirse apenas en un recuerdo de nuestra historia jurídica.

José Pablo Gómez es abogado penalista, Salas Stevens abogados