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Actualidad Internacional

Derecho a un juicio justo.

Ucrania vulneró derechos de alto funcionario anticorrupción al no respetarse el debido proceso durante su juzgamiento, resuelve el TEDH.

Ser etiquetado como "corrupto" no solo había ensombrecido el buen nombre del actor, sino que también había socavado la credibilidad de su larga carrera en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Dicha interferencia con sus derechos, en sí misma, estaba basada en la Ley de Prevención de la Corrupción, y tenía como objetivo prevenir la corrupción en el servicio público. Esta interferencia fue desproporcionada.

Por LUIS EDWARDS TAPIA·26 de abril de 2025·4 min de lectura
imagen: contralacorrupcion
Imagen referencial

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió la demanda deducida contra Ucrania por las irregularidades cometidas durante el juzgamiento de un alto funcionario de una entidad anticorrupción, el cual fue sancionado de por vida por delitos que no fueron debidamente acreditados. Constató violaciones a los artículos 6.1 (derecho a un juicio justo), 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y 18 (limitación en el uso de restricciones de derechos) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En 2019, el demandante fue investigado por una presunta violación del Código de Infracciones Administrativas al aceptar regalos no declarados, consistentes en vacaciones organizadas por su amigo “N”. Inicialmente, N declaró que los viajes se realizaron en cinco ocasiones por un coste superior a 16.000 euros, pero posteriormente redujo su declaración a dos viajes por 250 euros. El actor negó los hechos, alegando que reembolsó los gastos y que compartió los costes con otros amigos, lo cual fue corroborado por testigos.

El demandante fue declarado culpable en primera instancia, decisión que fue confirmada en apelación. Los tribunales consideraron insuficientes las pruebas del reembolso y otorgaron mayor peso a las declaraciones iniciales de N. El acusado cuestionó la imparcialidad del juez por un posible conflicto de intereses, pero su recusación fue rechazada. Posteriormente, sus datos personales y la infracción fueron incluidos en el Registro de Funcionarios Corruptos, accesible públicamente, y el caso recibió amplia cobertura mediática. Posteriormente, demandó al Estado ante el TEDH.

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