TEDH valida sentencia que rechazó anulación de fallos dictados contra político español vinculado a ETA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró inadmisible el recurso presentado por Arnaldo Otegi Mondragón, político independentista vasco, y otros cuatro ciudadanos españoles en relación con la ejecución interna de la sentencia dictada por el propio tribunal en 2018. La decisión, adoptada de manera unánime por un Comité de tres jueces, es definitiva y no podrá ser apelada.

El caso tiene su origen en la condena impuesta por la Audiencia Nacional en 2011, cuando los solicitantes fueron declarados culpables de pertenencia a la organización independentista vasca “ETA”. En esa ocasión, las penas impuestas oscilaron entre ocho y diez años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El Tribunal Supremo redujo parcialmente las penas en 2012, fijándolas entre seis y seis años y medio de prisión. Los condenados interpusieron posteriormente recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fueron desestimados.

Tras agotar las vías internas, los afectados acudieron al TEDH, que en 2018 concluyó que había existido una vulneración del derecho a un tribunal imparcial, de acuerdo con el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el momento de esa resolución, las penas ya habían sido cumplidas casi en su totalidad, salvo las inhabilitaciones que afectaban a uno de los condenados hasta 2021.

En ejecución del fallo europeo, el Tribunal Supremo español ordenó en diciembre de 2020 la anulación de la sentencia de 2011 y la reapertura del proceso ante un nuevo tribunal. Sin embargo, los solicitantes impugnaron esa decisión, alegando que un nuevo juicio vulneraría los principios de seguridad jurídica y ne bis in idem (prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos). En 2024, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente su reclamación y declaró nula la resolución del Supremo, manteniendo la validez de la sentencia de 2012.

Ante el TEDH, los demandantes sostuvieron que la actuación del Tribunal Constitucional español había desvirtuado el alcance del fallo de 2018 y que sus condenas seguían teniendo efectos jurídicos. Invocaron el artículo 6.1, en relación con el artículo 46 del Convenio, sobre la fuerza obligatoria de las sentencias europeas.

El Tribunal Europeo consideró que la interpretación del Tribunal Constitucional no fue arbitraria ni contraria al sentido del fallo de 2018. Señaló que, aunque la reapertura de un proceso puede ser una forma adecuada de reparar una vulneración del derecho a un juicio justo, no constituye la única opción prevista por la Convención. El tribunal recordó que no había ordenado expresamente la anulación de decisiones internas concretas ni la celebración de un nuevo juicio, dejando a las autoridades nacionales un margen de apreciación para ejecutar la sentencia.

En consecuencia, el TEDH concluyó que el Tribunal Constitucional español actuó dentro de sus competencias y que su resolución no supuso una distorsión ni un error manifiesto de derecho. Por ello, el recurso fue declarado inadmisible por falta de fundamento.

El TEDH subrayó, no obstante, la relevancia de que los Estados miembros mantengan procedimientos eficaces para revisar casos en los que se haya constatado una vulneración del artículo 6 del Convenio. Asimismo, precisó que su decisión no afecta al seguimiento del cumplimiento de la sentencia de 2018 por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que continúa en curso.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.