TEDH rechaza demanda contra Italia por demolición de vivienda construida ilegalmente

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó una demanda deducida contra Italia por la demolición de una propiedad, concluyendo que no se produjo vulneración alguna al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al respeto de la vida privada y familiar y del hogar. La decisión fue adoptada por seis votos a favor y uno en contra.

El litigio surgió a raíz de una orden de demolición emitida por las autoridades italianas sobre una vivienda edificada sin autorización en la isla de Procida, en la bahía de Nápoles. La propietaria, de nacionalidad peruana, alegó ante el tribunal europeo que la medida afectaba de manera desproporcionada su derecho a la vivienda, considerando su situación económica y personal.

Los antecedentes del caso se remontan a inicios de la década de 1990, cuando la mujer y su esposo construyeron una casa de 30 metros cuadrados en un terreno perteneciente a él. En 1996, las autoridades locales determinaron que la edificación carecía del permiso correspondiente, requerido debido a su emplazamiento en una zona de alto riesgo sísmico y de especial valor ambiental. En 2002, la propietaria fue declarada culpable del delito de construcción no autorizada, y la sentencia quedó firme en 2003, momento en el cual se ordenó la demolición del inmueble.

A pesar de ello, la demandante continuó residiendo en la vivienda e intentó acogerse a un proceso de amnistía de construcción, sin éxito. En 2016, el fiscal encargado le notificó la obligación de ejecutar la demolición. La mujer recurrió ante los tribunales italianos solicitando la suspensión de la medida, pero tanto las instancias ordinarias como la Corte de Casación rechazaron sus recursos. Esta última consideró que no existía una expectativa legítima de mantener la residencia en un edificio cuya ilegalidad era conocida y que no se había acreditado su condición de única vivienda ni su alegada precariedad económica.

En su análisis, el TEDH reconoció que el inmueble podía considerarse el “hogar” de la demandante conforme al Convenio, dado su vínculo continuo con la propiedad. Sin embargo, determinó que la intervención estatal perseguía un objetivo legítimo: la protección del medioambiente y la preservación del orden urbanístico en una zona sensible.

El tribunal observó que los tribunales italianos habían evaluado los intereses contrapuestos, tanto privados como públicos, y que la demandante no aportó documentación suficiente para acreditar sus alegaciones. Asimismo, destacó que su permanencia en el inmueble, pese a la orden firme de demolición y durante más de quince años, debilitó su posición jurídica.

La sentencia concluye que las autoridades italianas actuaron dentro de su margen de apreciación al ponderar los derechos involucrados y que no se sobrepasaron los límites impuestos por el artículo 8 del Convenio. En consecuencia, no se constató violación alguna por parte del Estado italiano.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.