TEDH inadmite demanda deducida por política rumana investigada por irregularidades financieras en su campaña presidencial

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró inadmisible la demanda que una excandidata presidencial dedujo contra el Estado rumano, al estimar que las sanciones que se le impusieron, por infracciones en el financiamiento de su campaña, no constituyen una acusación penal. En el caso analizó si los procedimientos seguidos contra la accionante vulneraron el derecho a un juicio justo y el principio de legalidad penal. La demandante, Monica-Luisa Macovei, quien se desempeñó anteriormente como Ministra de Justicia y miembro del Parlamento Europeo, impugnó las medidas adoptadas tras su participación en los comicios de 2014.

La controversia se originó cuando la Autoridad Electoral Permanente de Rumania identificó violaciones a la normativa de financiamiento partidario y de campañas electorales. El organismo administrativo detectó que la candidata independiente había aceptado donaciones en materiales de campaña y utilizado un préstamo para financiar sus actividades políticas.

Como consecuencia, se dictaron multas y órdenes de decomiso de fondos. Aunque la recurrente solicitó ante los tribunales internos la anulación de las sanciones o su sustitución por advertencias, la justicia rumana confirmó la legalidad de las medidas al considerar que su conducta representó un peligro para la transparencia exigida a los aspirantes presidenciales.

En su análisis de fondo, el TEDH aplicó tres criterios para verificar si el caso poseía un carácter penal: la clasificación legal interna, la naturaleza de la infracción y la severidad de la sanción. Respecto al primer punto, se observó que el derecho rumano califica estas faltas como infracciones menores dentro del ámbito del derecho electoral, gestionadas por autoridades administrativas y supervisadas por tribunales civiles bajo el Código de Procedimiento Civil. Por tanto, los hechos no fueron tratados por la fiscalía ni por la justicia criminal del Estado demandado.

Sobre la naturaleza de los hechos, el fallo resalta que las reglas infringidas se aplican a una actividad específica y temporal, como es el financiamiento de candidaturas a cargos públicos. La normativa afecta únicamente a un grupo con un estatus especial, compuesto por candidatos, partidos políticos y sus representantes financieros. El tribunal consideró que el hecho de que una ley persiga fines de interés general, como la transparencia y la igualdad de oportunidades, no es suficiente para otorgar un carácter penal a las infracciones derivadas de su incumplimiento.

Finalmente, la sentencia evaluó la gravedad de las penas, concluyendo que las multas no podían convertirse en penas de prisión en caso de impago ni quedaban registradas en los antecedentes penales de la persona. El monto de las sanciones se mantuvo por debajo del límite máximo legal y el decomiso fue interpretado como un mecanismo de control de la propiedad más que como una pena privativa de derechos. En consecuencia, el tribunal declaró inadmisible la demanda al considerar que las garantías de los artículos 6 y 7 de la Convención no resultaban aplicables a este tipo de sanciones administrativas.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.