TEDH condena a Polonia por traslado arbitrario de juez a otra repartición judicial

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó sentencia en el caso Biliński contra Polonia. En el fallo, los magistrados determinaron que se vulneró el derecho de acceso a un tribunal, establecido en el Artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La controversia jurídica se originó a raíz del traslado de un juez entre distintas divisiones de una misma sede judicial sin que el afectado pudiera impugnar la medida de forma efectiva.

El demandante se desempeñaba desde 2016 como juez de un tribunal de distrito asignado a una división penal, donde su labor se centraba en infracciones administrativas. Tras la supresión de su departamento original en 2019, fue asignado a la División de Familia por orden de la presidencia del tribunal, una decisión que inicialmente no incluyó fundamentos legales específicos. Previamente, su desempeño en casos de relevancia pública había sido objeto de críticas por parte de figuras políticas.

El TEDH estableció que la protección frente a traslados arbitrarios no se limita únicamente al movimiento entre diferentes tribunales, sino que también abarca las transferencias entre divisiones que manejan áreas jurídicas distintas dentro de una misma institución. El tribunal observó que la decisión administrativa de traslado no fue revisada por un órgano que cumpliera con las funciones judiciales exigidas ni por un tribunal ordinario. Según el fallo, la ausencia de una revisión judicial efectiva menoscabó la esencia del derecho de acceso a la justicia.

Sobre el fondo del asunto, la sentencia resalta que el Consejo Nacional de la Judicatura, órgano ante el cual se apeló inicialmente, no ofrecía en aquel momento garantías suficientes de independencia frente a los poderes legislativo o ejecutivo. Al quedar excluido el control jurisdiccional sobre las resoluciones de dicho organismo, el sistema interno no proporcionó las salvaguardias necesarias para evaluar la arbitrariedad de la medida. Como consecuencia, determinó que Polonia debía pagar al demandante 20.000 euros en concepto de daño moral y 6.000 euros en concepto de costas y gastos.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.