TEDH condena a Francia por amonestación arbitraria a denunciante en caso de presunto abuso sexual

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó una sentencia en la que constató una violación al artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al derecho a un juicio justo. El litigio se originó tras la imposición de una medida de amonestación, conocida como rappel à la loi, contra una joven que había denunciado ser víctima de una violación cuando tenía 16 años. Tras el archivo de la investigación inicial por falta de pruebas, la madre del denunciado presentó una denuncia por calumnias contra la solicitante.

La fiscalía francesa decidió aplicar una alternativa al enjuiciamiento que designaba a la joven como autora de una denuncia falsa, medida que conllevó su inclusión en una base de datos de antecedentes penales por un periodo de cinco años. Aunque la recurrente compareció asistida por un abogado y mantuvo la veracidad de su denuncia inicial, el fiscal procedió con la amonestación sin que mediara una declaración de culpabilidad ni una renuncia expresa a las garantías judiciales. El tribunal observó que este mecanismo, vigente en el momento de los hechos pero abolido en 2023, permitía calificar una conducta como delictiva evitando el proceso judicial ordinario.

En sus fundamentos, el TEDH advirtió que las autoridades nacionales no proporcionaron razones para determinar que la solicitante había mentido, basándose únicamente en versiones contradictorias sobre el consentimiento sexual. El fallo destaca que no se otorgó igual consideración a las declaraciones de ambas partes ni se explicó la falta de credibilidad otorgada a la joven frente a los dichos del denunciado. La magistratura europea subrayó la complejidad de constatar el consentimiento, el cual debe reflejar la libre voluntad evaluada según las circunstancias del caso.

Finalmente, la sentencia concluyó que los procesos de investigación por violación y la posterior amonestación por denuncia falsa constituyen una secuencia indisoluble en la que deben regir las garantías del aspecto penal del artículo 6. Al no haber tenido la oportunidad de impugnar la designación de autora de un delito ante un tribunal independiente, se vulneró el derecho de la solicitante a una decisión sobre el fondo del asunto. Como consecuencia, se dispuso que el Estado francés abone a la accionante 7.500 euros por daño moral y 600 euros por costas y gastos.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.