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Prohibición de tratos inhumanos o degradantes.
Mujer con discapacidad intelectual que fue esclavizada y abusada sexualmente tras ser reubicada en una granja de trabajo en Moldavia debe ser indemnizada, resuelve el TEDH.
La visión de los tribunales moldavos de que era lícito retirar a una mujer con discapacidad intelectual del cuidado estatal para convertirla en ama de casa o pareja de un hombre que trabajaba en una granja refleja estereotipos de que las personas con discapacidad carecen de autonomía, que el papel de la mujer es atender las necesidades del hombre y la familia, y que el trabajo doméstico realizado por mujeres carece de valor económico.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió la demanda deducida contra Moldavia por los abusos que una mujer con discapacidad intelectual sufrió tras ser trasladada desde un centro psiquiátrico a una granja de trabajo. Constató una violación a los artículos 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), 4 (prohibición del trabajo forzoso/investigación), 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Una ciudadana moldava con discapacidad intelectual fue privada de su capacidad jurídica en 2011 y vivió bajo cuidado estatal hasta 2013, cuando un hombre la acogió en su granja bajo la política de «desinstitucionalización». Este la retiró de la institución psiquiátrica argumentando que sería una «novia» para un empleado. En 2018, la mujer denunció al hombre y a sus cómplices por abuso sexual y trabajo no remunerado, solicitando una investigación penal por trata de personas.
Los tribunales moldavos absolvieron a los acusados, concluyendo que no existían pruebas de coacción ni abuso sexual, basándose en testigos vinculados a la granja y descartando la evaluación de una psicóloga. Así, consideraron que la demandante permaneció voluntariamente en la granja y que la disputa sobre su salario era un asunto civil. También consideraron que la ausencia de enfermedades de transmisión sexual desacreditaba la denuncia de violación. Por este motivo, la mujer demandó al Estado ante el TEDH.
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