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Actualidad Internacional

En caso de Esperanza Gómez

Meta remite informe sobre moderación de contenidos a la Corte Constitucional de Colombia

Detalló las acciones ejecutadas para dar cumplimiento a un fallo que busca armonizar las reglas de las plataformas con las garantías constitucionales. El reporte aborda la creación de canales de comunicación directa con la judicatura y la unificación de normativas internas para evitar decisiones arbitrarias en el cierre de perfiles. Este proceso establece un precedente sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a los derechos de libertad de expresión y trabajo en el entorno virtual.

Por LUIS EDWARDS TAPIA·16 de abril de 2026·2 min de lectura
imagen: wisperisp
Imagen referencial

Meta Platforms Inc., empresa matriz de Facebook e Instagram, presentó ante la Corte Constitucional de Colombia un informe técnico relativo a las modificaciones en sus protocolos de supervisión de contenidos. La entrega de este documento responde a lo dispuesto en la Sentencia T-256 de 2025, providencia donde la Corte analizó el impacto de las decisiones de las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales de los usuarios y la necesidad de contar con normativas internas previsibles.

El origen de este reporte se sitúa en una acción de tutela promovida por la creadora de contenido Esperanza Gómez Silva, cuya cuenta de Instagram fue dada de baja por presuntas infracciones a las políticas sobre desnudos. En su análisis, la Corte concluyó que la empresa no aplicó de manera coherente sus términos de servicio, lo que derivó en una afectación al debido proceso, la igualdad y la libertad de expresión de la recurrente, al no existir mecanismos claros para controvertir la sanción impuesta por el algoritmo o los moderadores.

Como respuesta a las órdenes judiciales, Meta confirmó la habilitación de un canal electrónico exclusivo para que las autoridades de Colombia remitan notificaciones judiciales relacionadas con procesos constitucionales. Esta medida busca agilizar la comunicación procesal entre la justicia y la firma tecnológica. Paralelamente, la compañía procedió a centralizar sus condiciones de uso y normas comunitarias en un sitio web unificado, asegurando que toda la documentación técnica y legal se encuentre disponible de forma íntegra en idioma español para los usuarios locales.

El informe remitido también detalla la publicación de recursos informativos orientados a explicar el procedimiento de apelación ante el cierre de cuentas. La Corte Constitucional había enfatizado la importancia de que los usuarios conozcan con precisión los motivos de las sanciones y las vías para impugnarlas. Finalmente, la Corte solicitó a la empresa mayor claridad en la definición de conceptos vinculados a contenidos explícitos y requirió la opinión consultiva de su Consejo Asesor sobre la validez de utilizar comportamientos externos a la plataforma como criterio para restringir el acceso a los servicios digitales.

Vea texto del informe.

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